Vaticano rechaza una vez más falsas acusaciones de corrupción

Por cuarta vez en dos semanas y respondiendo nuevamente a reportajes de medios italianos, el Vaticano reiteró a través de dos comunicados su rechazo a las acusaciones de corrupción lanzadas en prensa escrita y un programa de televisión.

El primero de los comunicados rechaza el contenido y las intenciones de un artículo publicado en el diario L'Unitá, bajo el título "Blanqueo, cuatro sacerdotes investigados. Los silencios del Vaticano sobre los controles".

En ese texto se indica que el artículo publicado en L’Unitá "presenta, lamentablemente, una notable falta de seriedad en la investigación por parte de la autora".

El comunicado hace dos observaciones, la primera de las cuales se refiere al título del artículo sobre los "silencios del Vaticano". "Esto carece totalmente de fundamento: la Santa Sede y las autoridades del Vaticano han cooperado debidamente con los magistrados y otras autoridades italianas. Las acusaciones contenidas en el artículo retoman críticas ya superadas".

La segunda observación refiere que "se trata de acusaciones 'recicladas' que la periodista ha publicado otras veces en el pasado. El repetirlas de nuevo no las hace verdaderas. Cabe preguntarse si el artículo no constituye una especie de publicidad para un programa televisivo nocturno".

La acusación principal del artículo de L’Unitá es que el IOR, el Instituto para las Obras de Religión del Vaticano, ha sido implicado "en una actividad ilegal y no ha asistido a las autoridades italianas que perseguían a estas personas" los presuntos blanqueadores de dinero.

"Esto no es correcto. Ante todo, el artículo no dice que, a partir de los años 2006-2007, el IOR se ha comprometido con determinación en el análisis de las cuentas y en la verificación de sus clientes para comprobar y referir la eventual existencia de transacciones sospechosas".

"Este compromiso del IOR –que, curiosamente, la prensa parece ignorar–, que tiene como fin detectar transacciones sospechosas, anticipa por varios años la misma adopción de la ley N. CXXVII contra el blanqueo de dinero, del 30 de diciembre de 2010, por parte del Estado de la Ciudad del Vaticano".

El comunicado de la Santa Sede explica además que el IOR ha colaborado siempre con las autoridades italianas a todo nivel e incluso ha proporcionado información fuera de los canales formales en el periodo anterior a la constitución de la Autoridad vaticana de Información Financiera (AIF).

"La cooperación del director general del IOR, Paolo Cipriani, ha sido definida como 'tempestiva y exhaustiva' en documentos de funcionarios italianos. De hecho, en uno de los casos, ha sido precisamente la rápida acción del director Cipriani lo que ha permitido poner bajo acusación a una de las personas implicadas", añade el texto.

El comunicado señala asimismo que el artículo "no refiere que una de las personas que menciona –el rev. Bonaccorsi– fue declarada inocente el 6 de junio de 2011, con sentencia confirmada en apelación. El artículo tiene también un efecto lamentablemente difamatorio, que resulta de la utilización del término 'incriminado' aplicado al presidente y al director general del IOR, cuando ni el uno ni el otro han sido incriminados nunca, sino más bien investigados".

Segundo comunicado

El segundo comunicado de la Sala de Prensa de la Santa Sede se refiere al programa Gli Intocabbili (Los intocables) que ayer realizó "afirmaciones carentes de fundamento y ha difundido informaciones falsas sobre el Instituto de Obras de Religión (IOR) y de la Autoridad de Información Financiera (AIF)".

Este programa ya habia generado una respuesta de la Gobernación del Estado de la Ciudad de Vaticano al presentar de "manera abusiva" cartas privadas del ahora Nuncio en Estados Unidos y exsecretario de la gobernación, Mons. Carlo María Viganò.

El comunicado de hoy precisa inicialmente que "la afirmación de que el IOR es un banco no corresponde a la verdad; el IOR es una Fundación de derecho tanto civil como canónico, regulada por un estatuto propio; no mantiene reservas y no concede préstamos como un banco. Mucho menos es un banco 'off shore'".

"De hecho, en el programa citado se utiliza ese término no para explicar el carácter verdadero y la función del IOR, sino para crear una impresión de ilegalidad. El IOR se halla dentro de una jurisdicción soberana y actúa en un marco normativo y reglamentario que comprende también la ley anti-blanqueo vaticana. Esta última, la ley CXXVII, ha sido adoptada efectivamente para adecuarse a las normas internacionales".

Por eso, señala el comunicado, "no corresponde a la verdad" cuando en el programa se afirmó que las normas del Vaticano "no consentirían las investigaciones o los procedimientos penales relativos a los períodos anteriores a la entrada en vigor de la ley CXXVII (1 de abril de 2011)".

"El debate durante el programa mencionado se refería a las palabras contenidas en un 'memo exclusivo'. Dicho documento no tiene valor oficial y representa únicamente la evaluación de quien lo ha escrito".

Además, en el mismo "no se afirma la imposibilidad de investigaciones o procedimientos penales para los períodos anteriores al 1 de abril de 2011; tampoco emerge la resistencia del IOR a colaborar en caso de investigaciones o procedimientos penales sobre hechos anteriores al 1 de abril de 2011".

El comunicado reitera entonces que "las afirmaciones efectuadas durante el programa no corresponden, por lo tanto, a la verdad: según la normativa vaticana en materia anti-blanqueo, la Autoridad judicial vaticana tiene el poder de indagar también sobre las transacciones sospechosas producidas en los períodos anteriores al 1 de abril de 2011, y esto sucede también en el marco de la cooperación internacional con los jueces de otros Estados, incluida Italia".

Tras señalar que el IOR también hace transacciones con bancos no italianos y que en general, todos y cada uno de sus movimientos "de dinero son regularmente seguidos y archivados", el comunicado rechaza "la afirmación del magistrado Luca Tescaroli, según la cual el Vaticano no habría respondido a las peticiones relacionadas con el caso Banco Ambrosiano-Calvi".

Sobre este caso el comunicado precisa que el Vaticano actuó debidamente sobre este tema mediante la cooperación de las autoridades de la Santa Sede con las autoridades italianas, lo cual se demuestras con "la documentación accesible a los oficiales tanto de la Santa Sede como de la República Italiana".

El comunicado concluye señalando que "los hechos descritos más arriba demuestran que la presentación realizada por el citado programa resulta parcial y no contribuye a ofrecer un cuadro objetivo de la realidad descrita".