Vaticano explica doctrina sobre ordenaciones de obispos ilícitas

El diario de la Santa Sede L’Osservatore Romano publicó una declaración del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos fechada el 6 de junio en la que explica la doctrina de la Iglesia sobre los casos de ordenaciones de obispos realizadas sin permiso del Papa.

La declaración no hace referencia específica a algún país, pero pasa revista a posibles atenuantes presentes en varias ordenaciones episcopales realizadas en China sin autorización de la Santa Sede y bajo la presión de las autoridades del gobierno.

La última de las ordenaciones episcopales sin permiso del Papa en China se realizó en noviembre del año pasado. Además el gobierno, que dirige la llamada Asociación Católica Patriótica China, había programado para el 9 de junio una ordenación adicional, pero a último momento decidió posponerla a una fecha aún no especificada, al parecer, por la resistencia tanto de los fieles como del sacerdote elegido para ser ordenado Obispo.

La declaración del Pontificio Consejo se refiere a la correcta aplicación del canon 1382 del Código de Derecho Canónico que establece que "el Obispo que confiere a alguien la consagración episcopal sin mandato pontificio, así como el que recibe de él la consagración, incurre en excomunión latae sententiae (automática) reservada a la Sede Apostólica".

El texto del dicasterio considera que algunas circunstancias como "el temor grave, la injusta provocación, la ignorancia de la pena canónica", entre otras, son "atenuantes que excluyen la pena latae sentenciae" en el caso de una ordenación sin permiso del Papa.

El texto refiere también que cada uno de los participantes en una ordenación de este tipo "conoce en el corazón su grado de involucramiento personal y la recta conciencia indicará a cada uno si incurre en una pena latae sententiae".

La declaración señala que una ordenación ilícita genera en los fieles "diversas reacciones, también de escándalo y confusión, que en ningún modo pueden ser minusvalorados y que postulan –en los obispos involucrados– la necesidad de recuperar autoridad mediante signos de comunión y penitencia, que puedan ser apreciados por todos".

Asimismo recuerda que todo aquel que incurre en esta excomunión, está impedido de tomar parte como ministro en la celebración de la Eucaristía o de cualquier otra ceremonia pública, celebrar o recibir sacramentos, y de ejercitar funciones eclesiásticas de gobierno. De hacerlo "podría incurrir en un acto moralmente ilícito y por tanto en sacrilegio".

En algunos casos, precisa la declaración, la Santa Sede será la encargada de declarar la excomunión automática, de existir ésta, o de imponer "otras sanciones o penitencias, si eso fuese necesario para reparar el escándalo, para disipar las confusiones de los fieles y para, en general, salvaguardar la disciplina eclesiástica".

(Actualizado el 11 de junio a las 09:31 a.m. GMT-5)