Vaticano cierra instituto religioso cuyo fundador fue acusado de abuso sexual

La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica del Vaticano decretó la supresión del instituto religioso de derecho diocesano Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista cuya sede principal está en Salta (Argentina).

Según la información proporcionada por la agencia AICA, el decreto con fecha 18 de junio de 2019 consigna que el 11 de mayo de 2015 el Nuncio Apostólico en la Argentina solicitó la intervención tras recibir "serias denuncias" sobre diversos aspectos de la vida del instituto religioso.

El instituto religioso Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista fue fundado en 1996 por el P. Agustín Rosa Torino. En diciembre de 2016 se conocieron dos denuncias contra el P. Rosa Torino por presuntos abusos sexuales cometidos en 2005 y 2013. También se denunció al P. Nicolás Parma, otro miembro de la comunidad.

Asimismo, este 6 de agosto los medios informaron que el P. Rosa también podría ser investigado por delitos de lavado de activos y narcotráfico. 

El instituto se encuentra también en México, Chile y España. Lo componen sacerdotes, diáconos permanentes y consagrados no clérigos que emiten votos públicos perpetuos y practican con exclusividad la vida contemplativa, monástica o eremítica. 

El 1 de junio de 2015 se envió al dicasterio vaticano un informe de la investigación preliminar sobre el instituto religioso.

Una vez revisados los antecedentes, el dicasterio nombró a Mons. Luis Stöckler, Obispo Emérito de Quilmes, como comisario pontificio para el instituto. Posteriormente el cargo fue tomado por Mons. Martín de Elizalde, Obispo Emérito de Nueve de Julio.

Ambos se entrevistaron con el fundador y miembros de los Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, obispos y quienes han tenido contacto con ellos. 

El dicasterio examinó todos los informes de conducta de los miembros del instituto religioso, las "dificultades encontradas para la formación humana y espiritual de los miembros y ha tenido en cuenta la situación institucional fuertemente comprometida", describe el documento.

Al evaluar las posibles soluciones y la necesidad de proceder con urgencia para proteger el bien de las personas y evitar más daño a la comunidad eclesial y a la vida consagrada, la congregación pontificia decretó la supresión del instituto religioso de acuerdo al canon 584 del Código de Derecho Canónico. 

Este señala que "compete exclusivamente a la Sede Apostólica suprimir un instituto, y también se reserva a ella el decidir acerca de los bienes temporales del mismo."

Para implementar la decisión "con justicia y caridad", "dada la delicadeza y complejidad del caso" el dicasterio designó como delegado pontificio a Fray Carlos Azpiroz Costa OP, Arzobispo de Bahía Blanca (Argentina).

El religioso cuenta con "todas las facultades necesarias y apropiadas para el desempeño de la tarea recibida de acuerdo con lo que prescriben las normas canónicas", describe el documento.