Los cargos contra el Cardenal Becciu, de malversación y abuso de poder, están relacionados con las acusaciones de que envió dinero del Vaticano a una organización benéfica dirigida por su hermano, y que pagó a otra acusada en el juicio, Cecilia Marogna, para crear expedientes de información incriminatoria sobre el personal del Vaticano.
Marogna, que se describe a sí misma como consultora de seguridad, ha sido acusada de malversación de fondos por supuestamente recibir cientos de miles de euros de la Secretaría en relación con Becciu, y luego, según los informes, gastar el dinero destinado a obras de caridad en artículos de lujo y vacaciones, acusación que ella niega.
René Brülhart y Tommaso Di Ruzza, que anteriormente dirigieron el organismo de control financiero interno del Vaticano, no participaron en la compra de la propiedad en Londres, pero fueron acusados de supuestamente no detener el trato, que según los fiscales del Vaticano "debería haberse considerado sospechoso".
Los actores importantes en el acuerdo de Londres fueron los acusados Raffaele Mincione y Gianluigi Torzi, quienes negociaron la compra, junto al gerente de inversiones del Vaticano, Enrico Crasso, quien los ayudó.