Uniones homosexuales atentan contra el derecho natural, afirman obispos costarricenses

La Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECR) dio a conocer un comunicado en el que denuncia “la propuesta de regulación jurídica a la unión civil entre personas del mismo sexo” por ser “totalmente improcedente desde el punto de vista del derecho natural, del derecho constitucional y, en nuestra condición de creyentes, del derecho divino”.

Así lo indican los prelados al pronunciarse sobre la propuesta para equiparar las uniones homosexuales al matrimonio presentada por los diputados Ana Helena Chacón Echeverría, José Merino del Río y Carlos Manuel Gutiérrez Gómez.

Tras precisar que el respeto que se le debe a los homosexuales “no legitima la unión entre personas del mismo sexo”, los obispos remarcan que “el bien común de la sociedad exige que las leyes defiendan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia y célula primaria de la misma sociedad”.

“El matrimonio basado en la ley natural y en el plan de Dios sólo puede ser contraído entre una mujer y un varón. Si se aprobara el mencionado proyecto, sería un mal para la sociedad, una herida mortal para la institución matrimonial y para la familia y una extorsión del plan de Dios”, añaden.

Los prelados costarricenses instan a los legisladores que tienen en sus manos la discusión del mencionado proyecto para que “asuman la misión que se les ha encomendado de promover y defender los más altos principios morales y éticos, que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno. A ustedes corresponde salvaguardar la tutela y la promoción de la familia fundada en el matrimonio monogámico, entre personas de sexo opuesto y protegerla en su unidad y estabilidad”.

Antes de encomendar al pueblo costarricense a Nuestra Señora de los Ángeles, los prelados recuerdan que “la familia no puede ser jurídicamente equiparada a otras formas de convivencia, ni éstas pueden recibir, en cuánto tales, reconocimiento legal en consonancia con los artículos 51º y 52º de nuestra Carta Magna y el artículo 17º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.