Defensores de la libertad religiosa en Europa han criticado la decisión del gobierno socialista de Francia de deportar a extranjeros que puedan padecer una “patología religiosa”, entre quienes estarían los cristianos que se oponen al aborto y al “matrimonio” gay.

Justificándose en la premisa de buscar detectar las opiniones que se tornen potencialmente violentas y que pueden llegar “al exceso criminal”, el Ministro del Interior francés, Manuel Valls, presentó el Observatorio Nacional de Laicidad, que en la práctica coordinará la deportación de musulmanes, judíos y cristianos, supuestamente portadores de una “patología religiosa”.

En declaraciones a ACI Prensa el 14 de diciembre, el presidente de la plataforma española HazteOír, Ignacio Arsuaga señaló que “no podemos permitir que, aireando las actitudes extremas de algunos, se condene al silencio y al ostracismo social a todo aquél que discrepe de lo políticamente correcto”.

“El gobierno francés confunde, de manera peligrosa, actitudes que nada tienen que ver”, señaló Arsuaga.

El presidente de HazteOír indicó que “comparar la discrepancia que pueda manifestar, por ejemplo, un  sacerdote católico respecto al concepto del matrimonio, con los llamamientos de algunos clérigos de otros credos que alientan actitudes violentas no tiene razón de ser”.

“No entraré a valorar la política de expulsiones relativa a ciudadanos extranjeros (clérigos o no) que alientan actitudes violentas, incluso de corte terrorista. Pero sí hemos de alertar del intento de poner en marcha la imposición de un rodillo ideológico impulsado por los lobbies del feminismo y del homosexualismo radical, que pretende hacer comulgar con ruedas de molino a quienes discrepan de forma respetuosa de sus postulados”, dijo.

Por su parte, Teresa García-Noblejas, Secretaria General y de Comunicación de Profesionales por la Ética (PPE), denunció que “el gobierno del socialista (Francois) Hollande parece que se ha propuesto profundizar en la laicidad de Francia creando una agencia para el seguimiento de la separación Iglesia-Estado y considerando peligrosos, entre otros, a los grupos que se oponen al mal llamado ‘matrimonio gay’”.

“A la espera de conocer más detalles, es preciso aclarar que en una sociedad tolerante, resulta que lo único que no se tolera son los principios católicos”, criticó.

García-Noblejas advirtió que en Francia “se intenta criminalizar la religión y a los creyentes por salirse del cauce de lo políticamente correcto”.

“Conviene aclarar que la fe tiene consecuencias en la vida social y pública, si bien es cierto que en ningún caso se pueden imponer y menos por la fuerza, eso no legitima a los Estados para reprimir ideas y cosmovisiones que no le gustan”.

Al actuar así, señaló la secretaria general de PPE, “estaríamos en ese caso en la dictadura del relativismo que denunció Benedicto XVI en los inicios de su pontificado”.