Líderes pro-familia advirtieron que la definición legal del matrimonio en Estados Unidos está en riesgo debido a la decisión de una corte de apelaciones, que declaró que parte de la Ley de Defensa del Matrimonio es inconstitucional, por restringir beneficios federales sólo a matrimonios de personas de sexo opuesto.

Brian Brown, presidente de la Organización Nacional por el Matrimonio, aseguró el 31 de mayo que los jueces se dieron cuenta que el precedente legal no les permite redefinir el matrimonio, "así que están haciendo nuevos estándares para justificar la imposición de sus valores sobre el resto de la nación".

"Ellos rechazan los siglos de entendimiento del matrimonio como institución social fundamental existe para el beneficio de las parejas y sus hijos, y que ha servido bien a la sociedad por miles de años. En su lugar, ellos quieren imponer su propia visión políticamente correcta, y están haciendo una nueva ley para que sea así", dijo Brown.

El 31 de mayo, un panel de tres jueces del Primer Circuito de Cortes de Apelaciones de Estados Unidos, en Boston, de forma unánime dictaminó que la ley priva a las parejas homosexuales de los derechos y privilegios de las parejas heterosexuales.

La Ley de Defensa del Matrimonio fue aprobada por el Senado de Estados Unidos en 1996, con una votación de 85 contra 14, y por el Congreso, con una votación de 342 contra 67.

La ley pro-familia define el matrimonio en la ley federal como "una unión legal entre un El tribunal no revocó las disposiciones que protegen a los estados que no reconocen los "matrimonios" homosexuales de ser obligados a reconocer uniones del mismo sexo contraídas en otros estados.

Sin embargo, el fallo judicial indica que la ley interfiere con el derecho del estado a definir el matrimonio, y niega legalmente a las parejas homosexuales los beneficios federales otorgados a las parejas heterosexuales, tales como la posibilidad de presentar declaraciones de impuestos conjuntas.

Lo más probable es que el caso pase a la Corte Suprema de Estados Unidos, algo que Brown espera que suceda.

El líder pro-familia afirmó que "es tiempo de que la Corte Suprema de Estados Unidos se ponga de pie y establezca de una vez por todas que preservar el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer no es sólo completamente constitucional, sino profundamente de bien común".

Por su parte, Tony Perkins, presidente del Family Research Council, dijo que la decisión es "decepcionante", pero también vio una razón para la esperanza en que la ley se mantendrá tras ser revisada por la Corte Suprema.

Dale Showengert, consejero legal de la Alliance Defense Fund, también criticó la decisión, pues "la sociedad debería proteger y fortalecer el matrimonio, no socavarlo".

"La Ley de la Defensa del Matrimonio provee ese tipo de protección, y confiamos en que la Corte Suprema de Estados Unidos revertirá la decisión errada de la Corte de Apelaciones", señaló.

El fallo de la corte fue el resultado de demandas legales de la Fiscal General de Massachusetts, Martha Coakley, y del grupo Gay & Lesbian Advocates & Defenders.

El demandante Jonathan Knight, que forma parte de un "matrimonio" homosexual, dijo a la agencia Associated Press que el caso se trata de "tener igualdad y no tener un sistema de matrimonios de primera y segunda clase".

Knight dijo que la legislación le cuesta a él y a su pareja homosexual 1,000 dólares extra al año porque no pueden presentar declaraciones de impuestos conjuntas.

Sin embargo, Tony Perkins lamentó lo común que se ha vuelto para las cortes judiciales el mostrar gran falta de respeto a la población estadounidense y a sus representantes,  al argüir que los esfuerzos por defender el matrimonio han sido motivados por prejuicios, intolerancia o animosidad.

Perkins señaló que los votantes en 32 estados han elegido definir el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer.

Dale Showengert dijo que la decisión de la corte federal le permite a un estado tomar al gobierno federal, y posiblemente a otros estados, como un "rehén" para "redefinir el matrimonio".

Showengert cuestionó si la base lógica de la corte significa que si un estado decide aceptar la poligamia, el gobierno federal y quizás otros estados se verían forzados también a aceptarla.