Después de que la justicia española afirmara en abril que no había indicios de que el P. Román Martínez hubiera abusado de un joven, la Santa Sede pidió la rehabilitación ministerial del sacerdote, así como de otros dos presbíteros que fueron implicados en este falso caso de abuso sexual, y que fueran enviados a nuevos destinos pastorales.
La Santa Sede pidió a la Archidiócesis de Granada (España), retirar las medidas canónicas cautelares que pesaban sobre los sacerdotes Román Martínez, Francisco José Martínez Campos y Manuel Morales Morales, acusados de haber abusado sexualmente de un joven entre los años 2004 y 2007.
Estos tres sacerdotes se encontraban apartados del ejercicio canónico desde octubre de 2014.