Más de 400 organizaciones de la sociedad civil afirmaron que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de respetar el blindaje a la vida en los estados de Baja California y San Luis de Potosí va de acuerdo al Estado de Derecho, pues se apegó a las leyes mexicanas que protegen al concebido.
"En un Estado de Derecho la vigencia y el apego a la ley es obligación y responsabilidad para todos, sin excepción", afirmaron en un comunicado publicado el 3 de octubre en los diarios Excélsior, Milenio y La Jornada.
Recordaron que la Constitución federal y los tratados internacionales firmados por México reconocen y garantizan el derecho a la vida, y por tanto los congresos locales pueden legislar en esta materia y señalar que la vida humana debe ser protegida desde la concepción.