Procuradora defiende derecho de católicos a participar en debate sobre aborto en Colombia

La Dra. Ilva Myriam Hoyos, Procuradora Delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia en Colombia, explicó que la Corte Constitucional de ese país no reconoció en su sentencia del año 2006 el "derecho al aborto" y consideró que los católicos deben hacer parte de la vida y el debate públicos.

En una extensa entrevista concedida a ACI Prensa a la que se puede ingresar en este enlace http://www.aciprensa.com/Docum/documento.php?id=515 , la también profesora e investigadora en filosofía del derecho, derecho constitucional y derechos humanos, hizo un detallado recuento de la situación actual legal del aborto en Colombia, las presiones del lobby abortista para despenalizarlo totalmente y defendió la actuación de la Procuraduría General de la Nación en el ejercicio de sus funciones en defensa de la vida, especialmente la de los no nacidos.

Sobre la participación de los católicos en la vida pública, la Dra. Hoyos consideró que "es cada día más difícil" porque tanto en Colombia como en América Latina se está "instaurando una actitud beligerante e irreverente frente a quienes tenemos, además de conocimiento jurídico –ese es mi caso– convicciones morales y religiosas".

La especialista alertó que "ya no sólo se tacha como sospechoso nuestro pensar, lo que es peligroso en una sociedad democrática, sino que se nos juzga moralmente como poco virtuosos y se nos convierte en objeto de burla y de mofa por parte de quienes son ahora los guardianes celosos de la ética pública".

"Se nos excluye del debate público, incluso se nos aplican nuevas inhabilidades e incompatibilidades para asumir responsabilidades de Estado".

A los católicos, advirtió Hoyos, "se nos aplica una especie de ostracismo ideológico, con lo cual a la par se pretende defender un pluralismo unanimista y una laicidad excluyente de toda dimensión religiosa. El silencio al que nos quiere someter hiere de manera radical el Estado Social de Derecho y afecta de manera esencial el principio del respeto a la dignidad humana".

"Claro que el católico, o quien profese otro credo religioso, debe participar en la vida pública. Ello no significa que el creyente deba renunciar a sus íntimas convicciones ni tampoco, como algunos lo interpretan, que deba imponer a los demás sus propias creencias", precisó.

La Dra. Hoyos dijo además que "la paradoja actual parece ser ésta: Quienes defienden ideas o creencias de signo contrario a las nuestras no están ni impedidos ni inhabilitados ni son considerados sospechosos para servir a la sociedad a través de una función pública. Al parecer nosotros, los católicos, sí lo somos, porque no se nos aplica la presunción de la buena fe sino otra muy distinta: la presunción de la parcialidad".

Sobre la decisión de la Corte Constitucional de Colombia del 10 de mayo de 2006 con la que despenalizó el aborto en tres casos (violación, peligro para la madre o malformación del bebé), la experta precisó que ese alto tribunal no hizo mención al derecho al aborto.

"Esa despenalización, sin embargo, no implicó el reconocimiento de un derecho al aborto ni de un derecho fundamental al aborto, que, por demás, no se infiere de la Constitución ni de tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia", explicó.

La Procuradora fue enfática al reiterar que este "derecho al aborto" ni siquiera "puede inferirse de la referencia que hace la Corte respecto de los derechos reproductivos entre los que menciona el derecho a la autonomía reproductiva, a elegir libremente el número de hijos y el intervalo entre ellos".

"Esa autonomía o autodeterminación de la fecundidad de la mujer, como también la denomina, no significa inferir el aborto como derecho, porque ello hubiera implicado reconocer la conducta abortiva como un método de planificación familiar", agregó.

Ilva Myriam Hoyos criticó la manera de actuar de la Corte que se ha ido apartado de la sentencia del año 2006, lo que ha hecho que sea "urgente y cada día más necesario que se expida una ley que regule las tres causales específicas de aborto, así como que reconozca el derecho fundamental a la objeción de conciencia", un derecho que el alto tribunal quiere ignorar.

La experta denunció además que la Corte ha elaborado una serie de sentencias y pronunciamientos que han convertido al aborto es una especie de "derecho fundamental de carácter absoluto" por encima de "todos los derechos reconocidos de manera expresa en la Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos".

Luego de reconocer la complejidad del tema en material legal que genera confusiones entre algunos medios de comunicación, la especialista resaltó que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, cumplió a cabalidad la orden de rectificación impuesta por la Corte Constitucional.

"Claro que sí: Cumplimos a cabalidad. Incluso fuimos más allá de lo que nos ordenó la Sala Octava de Revisión para evitar cualquier interpretación indebida respecto de cada una de las órdenes impartidas (…) Nuestra actuación es una prueba fehaciente de que cumplimos nuestros deberes constitucionales y legales".

La Dra. Hoyos defendió así la rectificación realizada por Ordóñez junto a ella y a la procuradora María Eugenia Carreño el pasado 19 de septiembre, ocasión en la que Ordóñez reiteró su postura a favor de la defensa de la vida de las mujeres y los no nacidos, lo que le valió las críticas del lobby abortista liderado por la abogada Mónica Roa, apoyada por el sacerdote jesuita Carlos Novoa, de la Pontificia Universidad Javeriana.

La Procuradora rechazó que la rectificación, como dijeron algunos medios, se haya hecho a "regañadientes" y explicó que "acatamos la cuestionada decisión judicial, a pesar de que se nos quiso poner en una encrucijada no sólo jurídica sino moral".

Sobre su continuidad en el cargo de Procuradora recordó que Alejandro Ordóñez, el Procurador General, será quien lo decida. Asimismo reiteró que en el ejercicio de sus funciones "no he mentido, porque ni en éste ni en otros temas sé mentir. Tampoco he utilizado la función pública para imponer mis convicciones morales ni religiosas".

"He actuado con total transparencia y de ningún modo he impedido que la ciudadanía y los medios de comunicación vigilen de manera vehemente los derechos de las mujeres, los que también, a pesar de lo que se diga o pretenda decirse, también he defendido", añadió.

Para concluir aseveró que "nunca para la verdad es tarde".

Puede leer la la entrevista completa en: http://www.aciprensa.com/Docum/documento.php?id=515