Pro-vidas en España: TC muestra que ley del aborto divide a la sociedad

Asociaciones pro-vida aseguran, cuando este jueves se cumple un mes de la entrada en vigor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, es decir la nueva ley del aborto, que durante este tiempo de aplicación, se ha visto que la nueva normativa "divide profundamente a la sociedad española", como lo demuestra, a su juicio, la votación en el Tribunal Constitucional con respecto a la suspensión cautelar de la ley del aborto "con cinco votos frente a seis".

Así lo ha indicado a Europa Press el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, que ha añadido que desde la entrada en vigor de la ley "la sociedad está más indefensa en materia de derechos y libertades", y en concreto, "en lo que hace referencia al derecho a la vida del no nacido y a la libertad de la mujer para recibir ayuda frente al aborto".

Igualmente, Blanco ha pedido al TC que dicte sentencia "rapidísimamente" declarando "la inconstitucionalidad de la ley". "Recordarle al TC que ya va un mes y son muchos los abortos en aplicación", ha apuntado.

En esta línea, el portavoz de Derecho a Vivir, José Carlos Muñoz, ha lamentado también "profundamente" que el TC no haya decidido la suspensión de la norma y reclama conocer "cuánto dinero está costando al erario público este primer mes la derivación de casos de abortos" de la sanidad pública a las clínicas privadas.

Asimismo, ha invitado a todos los ciudadanos a "una resistencia legal y pacífica" a la aplicación de la ley que, según sus estimaciones, "va a disparar los abortos de los 120 mil del último año de que se disponen datos oficiales a 200.000". Además, ha instado a los profesionales sanitarios y a los implicados indirectamente en los abortos a ejercer su derecho a la objeción de conciencia y ha llamado a las CCAA "gobernadas por partidos que dicen ser contrarios al aborto" a seguir el ejemplo de la Comunidad Valencia --"introduciendo en el sobre autonómico de información a la mujer, alternativas y ecografías de fetos de hasta trece semanas".

Por su parte, el presidente del Instituto de Política Familiar de Madrid, Mariano Martínez (IPF-M), ha destacado que la nueva ley supone "cero ayudas, cero mecanismos para proteger la maternidad y total facilidad para el negocio lucrativo del aborto". En este sentido, ha lamentado que se emplee dinero público y se den "todas las facilidades", con lo que, a su parecer, se promueve "el negocio de las clínicas abortistas".

Además, ha señalado que España no está dando "ninguna ayuda real a las mujeres" y ha criticado la actitud de las personas que empujan a la mujer a abortar porque, según ha apuntado, "es lo más fácil para ellos".