Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que permitió que una mujer embarazada de ocho meses se someta a un aborto debido a que su bebé padecía anencefalia, diversas organizaciones pro-vida rechazaron la decisión y la calificaron de “anti ecología humana” y “regresión moral”.

La Sociedad Argentina de Ética Médica y Biológica (SAEMB) señaló que “lamenta y no apoya” el fallo de la Suprema Corte pues se trata de una decisión basada “en la carencia del sentido de la vida y del dolor” que crea “una atmósfera de moral de situación, de individualismo y de insolidaridad”.

En un comunicado firmado por su presidente, doctor Luis Aldo Ravaioli, la organización denunció que “la discriminación por malformaciones genéticas o adquiridas es un acto de anti ecología humana y de canibalismo” y agregó que “el darwinismo social y el nazismo siguen vigentes en la mentalidad de muchos jueces”.

“Esta sentencia –añadió Ravaioli– carece de densidad académica y de relieve científico”, ya que las constituciones nacional y provincial “garantizan la vida, la libertad y la seguridad de todos los seres humanos, estén dentro o fuera del útero”.

Asimismo, es “una afectación de los derechos humanos de un tercero, aunque lo soliciten los padres, ya que el nascituro tiene derechos inalienables, absolutos, universales e intangibles”.

Por último, el texto explica que la Suprema Corte de Justicia bonaerense “ejerce un despotismo ilustrado y discrimina por ‘racismo cromosómico’, suponiendo que existen ‘vidas de segunda’ o carentes de valor”.

Regresión moral

Por su parte, el doctor Roberto Castellano, presidente de la organización Pro Vida Argentina, calificó el fallo como “una regresión moral, porque el Estado, en vez de proteger a los más débiles, los discrimina según un standard de calidad. El día de mañana, otra madre va a argüir sufrimiento porque le informaron que su hijo tiene síndrome de Down, y otra dirá que le informaron que el suyo tendrá una sobrevida de poco tiempo, y entonces se establece la eugenesia”.

“Se está poniendo en primer lugar el derecho de la madre a no sufrir, por encima del derecho a la vida, porque está convirtiendo al Estado y a los médicos en dueños de la vida ajena. Todos tenemos un tiempo de vida limitado. ¿Quién es el dueño para discernir en cuánto se acorta nuestra vida?”, agregó Castellano.

El médico resaltó que “el derecho de gestación que tiene esa criatura, aunque las circunstancias hayan hecho que fallezca, en el 99 por ciento de los casos, a las pocas horas del parto, tiene derecho a los nueve meses de gestación. ¿Por qué se lo achican a ocho? ¿Quién es el dueño de ese mes que le roban de vida? ¿Los jueces de la Corte? ¿El Estado provincial? ¿La madre? Nadie tiene derechos sobre esa vida, porque la vida es sagrada”.

“La ciencia y el Estado –añadió Castellano– tienen que estar al servicio de garantizar que por limitada o corta que sea la vida, la persona pueda vivirla”. Autorizar el aborto por anencefalia es similar a “la desaparición forzada de un bebé. Es el asesinato de un chico indefenso, con el argumento de que es enfermo”, concluyó.