Pro-vidas buscan atención de Parlamento Europeo en Semana por la Vida

Pro-vidas buscan atención de Parlamento Europeo en Semana por la Vida
Ignacio Arsuaga.

Ignacio Arsuaga, presidente de la plataforma española HaztoeOír, afirmó que la asistencia de grupos pro-vida al Parlamento Europeo, en el marco de la Semana por la Vida, busca llamar la atención de los representantes de la Unión Europea, para que "tengan en cuenta en su actividad diaria a los movimientos pro-vida y pro-familia de toda Europa".

La Semana de la Vida se celebra por segunda ocasión este año entre el 26 y el 29 de marzo, y aborda temas como cuidados paliativos, salud sexual y reproductiva y bioética e investigación con células madre, entre otros.

En comunicación con ACI Prensa, el presidente de HazteOír, señaló que el objetivo de este evento es "intercambiar información y argumentos y, al mismo tiempo, reconocernos como una comunidad pro-vida presente en toda Europa".

Arsuaga subrayó la apertura del Parlamento Europeo para "escuchar a los que defendemos el derecho a la vida de todos los seres humanos, desde la concepción hasta la muerte natural".

Sin embargo, reconoció que entre los diversos grupos políticos con participación en la institución europea "hay toda clase de posiciones".

Ignacio Arsuaga también se refirió a la iniciativa legislativa del vicepresidente del Grupo Popular Europeo y eurodiputado del Partido Popular, el español Jaime Mayor Oreja, a través de la cual se intentará "aprobar una norma que prohíba el uso de fondos de la Unión Europea en cualquier iniciativa que suponga un atentado contra el derecho a vivir".

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Durante su intervención ante el Parlamento Europeo, la coordinadora de la plataforma pro-vida Derecho a Vivir, Gádor Joya, afirmó que "Europa debe conocer la tragedia del ataque permanente al derecho a la vida que se produce en España".

En sus declaraciones, recogidas por el diario español ABC, Joya señaló que los países miembros de la Unión Europea deben conocer del retroceso de España en la protección de la vida.

"En un Estado que se define como ‘social y de derecho’ no es de recibo que se considere legal la muerte intencionada de un ser humano. Menos aún, si uno de sus problemas estructurales más acuciantes es el suicidio demográfico", dijo.

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