PPE estudia medidas legales contra ayuntamiento por incumplir sentencias de TS

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Profesionales por la Ética (PPE) y la plataforma Educan los Padres Villalba, anunciaron que "estudian las vías judiciales más adecuadas para exigir responsabilidades jurídicas" al Ayuntamiento de Galapagar y a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid por no cumplir las sentencias del Tribunal Supremo (TS) y erigirse en árbitros de las cuestiones morales controvertidas.

Este anuncio se hizo luego que el Ayuntamiento de Galapagar reconociera que se explicó la masturbación a alumnos de sexto grado, confirmando la denuncia hecha anteriormente por los padres de familia del colegio público Carlos Ruiz de Galapagar (Madrid).

Según reconoció el mismo ayuntamiento, durante los últimos cinco años se impartieron en el colegio cursos y talleres que forman parte de un Programa de Educación Afectivo-Sexual para responder a los alumnos "sobre las dudas elementales en torno a las relaciones afectivas y sus manifestaciones sexuales", y "la diferencia entre los conceptos de sexo y género".

Sin embargo, PPE y la plataforma Educan los Padres Villalba señalaron que "el Ayuntamiento de Galapagar oculta que el programa de formación (según consta en el folleto enviado a los padres) tiene como objeto enseñar a niños de 11 y 12 años ‘el proceso de reproducción humana, desmontando los tabúes adquiridos’ y ‘discriminar prejuicios adquiridos en cuanto a la manifestación y expresión de las emociones’".

En ese sentido recordaron que el TS advirtió que "en una sociedad democrática, no debe ser la Administración educativa –ni tampoco los centros docentes, ni los concretos profesores– quien se erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas. Estas pertenecen al ámbito del libre debate en la sociedad civil, donde no se da la relación vertical profesor-alumno, y por supuesto al de las conciencias individuales".

Por lo tanto, "cuando deban abordarse problemas de esa índole al impartir la materia Educación para la Ciudadanía –o, llegado el caso, cualquier otra– es exigible la más exquisita objetividad y el más prudente distanciamiento".

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Tanto PPE como los padres de familia indicaron que "la responsabilidad de este caso no es sólo del Ayuntamiento de Galapagar sino también de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, titular del centro público Carlos Ruiz ubicado en esa localidad madrileña".

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