Por ello exigieron que "se convoque a una mesa de diálogo auténticamente multisectorial, en la que estén también representados los padres de familia, pues son parte vital de la comunidad educativa".
Además de la cuestionada mesa de trabajo, la Contraloría General de la República anunció la creación de una "comisión de control para la recopilación de información, a fin de identificar las responsabilidades y sanciones de servidores y funcionarios comprometidos en la producción, impresión y distribución del material educativo en mención".
La Contraloría recordó que "la educación es un derecho fundamental reconocido en la Constitución para el desarrollo integral de la persona", y que la situación expuesta "develaría un serio perjuicio al servicio educativo público".
"Existirían dos afectados: los estudiantes y el Estado. Los estudiantes, debido a la carencia de herramientas pedagógicas cuyo contenido debe contribuir al proceso de enseñanza y aprendizaje; y, por otro lado, el Estado por los recursos económicos invertidos en los referidos textos escolares", indicó la Contraloría el pasado 15 de abril.