La oficina en Ecuador del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha puesto en riesgo la calidad del servicio a los numerosos desplazados del país, a raíz de una controvertida decisión encaminada a favorecer a ONGs de dudosa proveniencia.
Debido a la decisión de ACNUR de favorecer con proyectos a organizaciones no gubernamentales desconocidas, la Conferencia Episcopal del Ecuador (CEE) ha decidido poner fin a 30 años de cooperación dirigida a promover la protección legal, atención humanitaria e integración social de las personas solicitantes de refugio en el Ecuador.
Según un comunicado de los obispos de Ecuador, ACNUR “hizo una contrapropuesta que debilitaba el impacto del proyecto y que, en esos términos, resultaba inaceptable para la Conferencia Episcopal y sus 6 Jurisdicciones Eclesiásticas que trabajan esta temática”.