One of Us califica de “gran fracaso” la próxima muerte de Vincent Lambert

La plataforma One of Us expresó su profunda disconformidad con el retiro de la alimentación a Vincent Lambert, un ciudadano francés que se encuentra en estado vegetativo desde el 2008.

Lambert, de 42 años, quedó tetrapléjico luego de un accidente de moto en el año 2008. Sus padres, Pierre y Viviane, luchan por mantenerlo con vida ante los tribunales desde 2013; en cambio, su esposa Rachel –apoyada por los hermanos de Vincent– quiere que se le desconecten los soportes vitales.

El Gobierno francés anunció públicamente su intención de no cumplir con la solicitud del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para continuar proporcionando alimentos y agua a Vincent Lambert desde el lunes 20 de mayo.

Por eso desde la Federación One of Us se han manifestado en contra de esta decisión del Gobierno francés. Jaime Mayor Oreja, presidente de la Federación, aseguró en un comunicado que "la muerte de Vincent Lambert es un gran fracaso en el sentido de la vida, especialmente para aquellos que son débiles e incapacitados".

"Condenar a muerte a Vincent Lambert significa para las personas con discapacidad que sus vidas no tienen ningún valor para la sociedad. No podemos aceptar una sociedad que elimine en lugar de sanar ", aseguró Jean Marie Le Mené, presidente de la Fundación Jérôme Lejeune.

Además Ignacio Sánchez Cámara, coordinador de la Plataforma Cultural One of Us en España subrayó que "no existe el derecho a morir ni el deber de matar. La dignidad de la persona y el valor de su vida no dependen del estado de salud en que se encuentre la persona".

Desde la Federación One of Us aseguran que la situación actual de Vincent Lambert es de "un estado de conciencia alterada después de una lesión cerebral traumática", y que "a pesar de haber recuperado su reflejo de deglución, se alimenta e hidrata a través de un simple tubo gástrico. Puede, según los momentos y los estímulos, girar la cabeza o seguir a sus interlocutores con los ojos, lo que es un signo de conciencia para los especialistas".

En ese sentido precisan que "no tiene muerte cerebral, ni está enfermo, ni al final de su vida", simplemente "está discapacitado, al igual que otras 1.700 personas en la misma situación en Francia".

El pasado 3 de mayo el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas solicitó al Gobierno francés que continúe proporcionando alimentos y agua a Vincent Lambert durante el tiempo del procedimiento de revisión del caso.

Sin embargo, el médico de Vincent Lambert junto con la esposa de éste y el apoyo del Gobierno francés decidieron causar su muerte por deshidratación en la semana del 20 de mayo de 2019.

Los padres del enfermo, así como el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad solicitaron "medidas provisionales", pero el Ministro de Salud francés anunció el 5 de mayo que "el equipo médico a cargo de este caso tiene derecho a suspender la atención".

Según informan desde One of Us, el 10 de mayo de 2019 el Gobierno francés informó a la Comisión de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de los Estados Unidos que no cumpliría con su solicitud de continuar con la alimentación e hidratación.

Por eso el médico a cargo de Lambert anunció ese mismo día que implementará el "proceso de finalización de la vida útil", algo que desde One of Us califican de "eutanasia" y precisan que "la muerte puede demorar hasta 3 días".

En ese sentido, explicaron desde la Federación que el Protocolo a la Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad ratificado por Francia otorga a este Comité la competencia de "recibir y considerar comunicaciones de o en nombre de personas o grupos de personas sujetas a su jurisdicción que afirman ser víctimas de una violación por parte de ese Estado Parte de las disposiciones de la Convención".

Negar alimentos o agua al Sr. Vincent Lambert contradice manifiestamente el artículo 25 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad que prohíbe a los Estados que se adhieren a esta Convención "la negación discriminatoria de la atención médica o los servicios de salud o los alimentos y líquidos por motivos de discapacidad".