Obispos de Perú se pronuncian tras arresto domiciliario de terroristas

La presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) se pronunció ante la excarcelación de dos conocidos terroristas y exlíderes del grupo Sendero Luminoso (SL) que ahora cumplen arresto domiciliario; una decisión del Poder Judicial que ha generado polémica en el país.

Considerado el número 2 de SL, Osmán Morote estaba preso desde 1988 y en 2013 había cumplido su condena de 25 años por terrorismo.

Sin embargo, Morote enfrenta tres nuevos procesos: la matanza de 117 personas en Soras, Ayacucho; el atentado terrorista en la calle Tarata, Lima, en 1992 en el que murieron 25 personas; y el financiamiento con dinero del narcotráfico para el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), considerado la pantalla legal de SL.

La otra terrorista para quien se ordenó el arresto domiciliario es Margot Liendo, implicada también en los casos de Tarata y el financiamiento ilícito del Movadef.

El arresto domiciliario de ambos fue ordenado el martes 17 de abril. Morote y Liendo cumplían prisión preventiva por estos procesos.

De acuerdo a la ley, la prisión preventiva no debe exceder los 36 meses. Sin embargo, en el caso de Morote y Liendo este plazo se había superado y esa fue la razón que esgrimió el Poder Judicial para excarcelarlos.

En su comunicado del 21 de abril, la presidencia de la CEP señaló que "el derecho a una justicia proporcional al daño causado es fundamental, pero también lo es el respeto a la ley, sin el cual caemos en la lógica que el más fuerte imponga siempre su voluntad".

Sin embargo, cuestionó si "¿estas personas que han seguido este camino equivocado (del terrorismo), han pedido perdón por ello, han mostrado arrepentimiento sincero?"

"El Estado de derecho que vivimos, posiblemente imperfecto y criticable, debe ser defendido por toda la sociedad. Rechazamos los esfuerzos de algunos grupos que siguen promoviendo ideologías que justifican o promueven el terrorismo y/o sus métodos", añadió.

La decisión del Poder Judicial fue rechazada por el presidente del Perú, Martín Vizcarra. En declaraciones difundidas el 20 de abril por el diario oficial El Peruano, el mandatario dijo que "la mejor seguridad es que (los terroristas) sigan pagando sus penas, sus culpas, dentro de la cárcel y no fuera. Eso sería lo mejor, pero es una decisión del poder judicial", dijo.

El 21 de abril, el Arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, dijo en su programa radial Diálogo de Fe que "en la historia del Perú, habrá fechas y habrá hitos, no nos quejemos después. Esta es una situación grave como han sido tantas otras. Es muy lamentable que tengamos fuerzas armadas y policiales enjuiciadas, y tengamos terrorismo libre en la calle. Nos acordaremos".

Aunque no lo mencionó, el Arzobispo se refirió a los juicios contra los miembros de las fuerzas armadas que participaron en abril de 1997 en la operación Chavín de Huántar, cuya misión fue liberar a los 72 rehenes que estaban en la residencia del embajador de Japón, capturada en diciembre de 1996 por el grupo terrorista MRTA.

El Cardenal dijo que ahora "muchos de los que hablan no saben lo que es el terrorismo. La juventud de hoy merece no solo conocerlo, sino que tenga un futuro en paz"

El Primado del Perú, que durante 11 años fue Arzobispo de Ayacucho, el departamento más golpeado por el terrorismo, indicó que "yo no estoy condenando a nadie, pero lo que está ocurriendo hoy será una grave falta que estará en la cabeza de los jueces y los fiscales".

"Todos nos quejamos, que es muy malo lo que ha ocurrido, pero ha ocurrido. Habría que evitarlo, y no se ha evitado", lamentó.