Varios obispos venezolanos salieron al frente de la polémica ley de reforma del servicio de inteligencia nacional porque atenta contra el Estado de Derecho y obligaría a todos los venezolanos a actuar como delatores. El Arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Urosa, advirtió que su formulación arriesgaría incluso el secreto de confesión.
En el articulado de la ley se advierte que los ciudadanos que se nieguen a colaborar en las operaciones de inteligencia podrán ser enjuiciados por la Fiscalía.
Aunque el Gobierno lo niega, grupos de Derechos Humanos, magistrados y periodistas consideran que la nueva ley crearía una sociedad de espías y contiene cláusulas vagas que están abiertas a todo tipo de abusos por parte de las autoridades.