Obispo pide esperar decisión de tribunales en caso de la Cruz Blanca

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El Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández, pidió hoy que se espere a que los tribunales decidan, antes de opinar, sobre los supuestos abusos sexuales a discapacitados mayores de edad en un centro que regenta en la capital cordobesa la Cruz Blanca y por el que están imputados, entre otros, dos miembros de dicha institución religiosa.

En declaraciones a los periodistas, Mons. Fernández, que mantuvo hoy el ya tradicional encuentro con los profesionales de los medios de comunicación cordobeses que celebra el Obispado con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que este año alcanza la 44° edición, recordó que "vivimos en un Estado democrático" en el que, por parte de la Iglesia Católica, se acata el reparto de poderes, de forma que espera "que la Justicia actúe", pidiendo respeto para ello.

A la pregunta de qué hará la Iglesia si se comprueba que son ciertos los hechos por los que están ahora imputados los dos religiosos, el Obispo de Córdoba subrayó que "eso lo dirán los tribunales", por lo que pidió que se esperase "a que los tribunales actúen, pues ellos dirán si es verdad o no, dado que, en un Estado como el nuestro, hay medios para verificar si es verdad o es mentira", valoración que, según destacó, no le toca hacer a él, ni tampoco a los periodistas, "de modo que vamos a esperar".

El Obispo de Córdoba hizo estas declaraciones después de que la titular del Juzgado de Instrucción número seis de Córdoba ha imputado hoy por abuso sexual a un ex trabajador de la Casa de San Francisco de Asís, S.R.D., que hace tres años dejó de trabajar en dicho centro y que, según informaron a Europa Press fuentes judiciales, ha quedado "en libertad sin ningún tipo de medida cautelar" tras prestar declaración hoy en el juzgado.

Además, declararon hoy otras dos personas más, en calidad de testigos. Una de ellas, Carmen, lleva trabajando en el centro cinco años y manifestó ante el juez que no ha visto nunca ningún tipo de maltrato por parte del hermano Manolo, director del centro, imputado por un delito de abusos sexuales y otro de maltrato habitual, junto al otro religioso, F.G., en este caso imputado sólo por un delito de abusos sexuales a los internos.

Esta testigo señaló que lo único que puede decir sobre el hermano Manolo son cosas buenas, porque "es como un padre para todos los niños", y si les ha tenido que reñir, lo ha hecho, pero ella nunca ha presenciado un maltrato por su parte. Añadió que lo único que ha hecho Manuel Ortiz es "luchar por todos los niños con una labor grandísima en Córdoba", por lo que insistió en que sólo puede decir "cosas buenas del hermano Manolo y de toda la casa".

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Una venganza

La trabajadora del centro manifestó que teme que todo este asunto "sea una venganza de gente que ha salido o que han perdido ciertos privilegios que tenían", por lo que, en su opinión, "sería una gran sorpresa que finalmente saliera culpable de esos delitos". Insistió en que "había gente que estaba enemistada con el hermano Manolo y que son ex trabajadores".

Por su parte, María José, ex trabajadora del centro, también declaró hoy ante el juez como testigo e igualmente señaló que en el tiempo que estuvo allí no vio "nada raro". Precisó que "la imaginación de los niños es muy abierta y dicen cosas que no son reales como, por ejemplo, que su madre no es su madre o que estaban embarazados cuando realmente no era así".

De este modo, dijo que hay que tener en cuenta que "los niños pueden fantasear porque imaginan y sueñan". Aseguró además que los internos están bastante atendidos y que su madre lleva 30 años de voluntaria en la Cruz Blanca y "si hubiese visto algo no lo hubiera consentido".

Igualmente, quiso dejar claro que "el hermano Manolo los baña, les de comer y la medicación, por lo que es como un padre para ellos. Y si ha tenido que reñirles porque el niño se ha puesto agresivo o le ha tenido que dar un azote en el culo lo ha hecho, pero yo no he visto nada de abusos ni maltrato", subrayó.

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Medidas cautelares

Los dos hermanos están libres, aunque como medida cautelar, el juez les prohíbe acercarse al centro, que el pasado miércoles abandonaron. Además, se les prohíbe comunicarse con los trabajadores y los residentes del centro.

El origen de la investigación se remonta al pasado 7 de octubre, cuando la Policía conoció un escrito anónimo en el que se denunciaban supuestos abusos sexuales a un interno en la sede de la Cruz Blanca por parte de un colaborador externo, A.C.U.P., que está acusado de un delito de abusos sexuales, por el que ingresó en prisión y cuya instrucción continúa de forma paralela a la de los religiosos.

Este trabajador fue detenido en Granada el pasado 22 de octubre y el fiscal pide para él seis años de cárcel, por un delito de abusos sexuales contra un residente discapacitado.

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