26 de mayo de 2013

May 26, 2013

El Obispo de la Diócesis de Riohacha (Colombia), Mons. Héctor Salah Zuleta, expresó su preocupación por la situación difícil que vive el departamento de La Guajira, limítrofe con Venezuela, debido a la corrupción que involucra a las autoridades locales, la ilegalidad y el accionar de las llamadas bandas criminales (Bacrim).

En declaraciones a Caracol Radio, Mons. Salah Zuleta afirmó que la situación del Gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez, "es una calamidad porque desacredita al Gobernador, a los que votaron por él, es una cosa gravísima".

Gómez es acusado de tener supuestos vínculos con las Bacrim y de estar involucrado en varios casos de homicidio.

El Obispo cuestionó además "la incompetencia de los gobernantes" que ha tenido La Guajira en los últimos años. "El departamento lleva prácticamente 30 años recibiendo regalías. Dónde están las regalías? Si uno se pusiera a analizar, (las regalías) están en el bolsillo de muchos de los políticos", aseguró.

El Prelado explicó que la corrupción se hace visible en sectores como el de la educación, del que la Iglesia Católica fue retirada luego de 120 años de participación.

"La Iglesia ha sido excluida de los contratos de educación porque por nuestras convicciones religiosas y ciudadanas no podemos 'serruchar' (repartir dineros de manera ilegal). No podemos permitir que por medio de la Iglesia se roben la plata de los pobres. Yo lo he denunciado públicamente", precisó.

El Obispo dijo que "la desmovilización supuesta de las bandas paramilitares generó para este departamento el ingreso de una cantidad de gente que tal vez se quitó el uniforme pero siguió con las armas y las costumbres que tenía".

Mons. Salah explicó que el problema de los secuestros, la extorsión, los carros bombas, los niños sicarios y el hacinamiento de la cárcel local, son problemas que siguen en aumento.

También cuestionó la mentalidad ilegal que muestran algunos de los habitantes que se dedican a actividades como el contrabando de gasolina, procedente de Venezuela donde es mucho más barata que en Colombia.

"Las autoridades militares y de policía han hecho unos esfuerzos grandísimos pero eso es difícil...es fruto de esa mentalidad de que la ilegalidad es 'legal'", sentenció.