Negar objeción de conciencia es rechazar estado de derecho

Respondiendo enérgicamente a las declaraciones del Ministro de Justicia de España, Francisco Caamaño, que niega el derecho a la objeción de conciencia frente al aborto, la asociación Profesionales por la Ética advirtió que el funcionario está violando la ley vigente en España, y por tanto, amenazando el estado de derecho.

Caamaño equiparó recientemente, en declaraciones a la agencia Europa Press, la objeción de conciencia frente al aborto de los profesionales sanitarios con la desobediencia civil.

"Con sus declaraciones el Sr. Ministro de Justicia manifiesta un inaudito desprecio al Estado de Derecho al querer situarse por encima de la clara y reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que desde su sentencia 53/85 ha reconocido el citado derecho constitucional de los profesionales sanitarios", señala el comunicado.

Profesionales por la Ética destaca además que "el Sr. Ministro camina por una senda de autoexclusión de los cánones fijados por la Carta Europea de Derechos Fundamentales"; y "contrarían el casi unánime consenso en las profesiones sanitarias que consideran indisponible su deber jurídico y deontológico de respetar la vida humana, por lo que su actitud impositiva es del todo rechazable en una sociedad democrática".

Equiparar el derecho a la objeción de conciencia con la desobediencia civil, explica además la organización española, "solamente puede realizarse por ignorancia o mala fe. No tenemos razones para pensar que un jurista como el Sr. Ministro desconoce la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la objeción de conciencia, por lo que sus declaraciones solamente pueden ser interpretadas como un avance del programa del actual gobierno nacional por atenazar progresivamente la libertad religiosa y de conciencia en España en todos aquellos aspectos contrarios a sus pretensiones ideológicas radicales".

Profesionales por la Ética concluye el comunicado exigiendo del Ministro "una rectificación en la que exprese que todo acto o norma ministerial acatará la jurisprudencia constitucional".

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