17 de noviembre de 2009 1:31 pm

Ministro Ugarte insiste en desacato a decisión del TC que prohíbe distribuir píldora del día siguiente

Redacción ACI Prensa

Ministro de Salud, Oscar Ugarte
Ministro de Salud, Oscar Ugarte

El director para América Latina del Population Research Institute, Carlos Polo, denunció que con la medida anunciada por el Ministro de Salud, Oscar Ugarte, de donar seis mil píldoras del día siguiente a la organización abortista Inppares, el funcionario estaría "incurriendo una vez en desacato a la sentencia del Tribunal Constitucional" que prohíbe su distribución.

Ugarte señaló esta mañana que la "donación" de las seis mil píldoras del fármaco abortivo "hasta el momento no se ha realizado (…) porque debe ir acompañada por una resolución ministerial, que esperamos se suscriba hoy (martes) y apenas se publique se ejecutará esta transferencia".

Al respecto, Carlos Polo recuerda que este desacato a la sentencia del Tribunal Constitucional no es nuevo. "Lo hizo también al tratar de vender las PDS a un precio simbólico. ¿Qué hará mañana para favorecer el consumo de la PDS en el Perú luego que el TC ha cuestionado su legalidad? ¿Qué sacará debajo de la manga?"

Polo advierte que "en lugar de cumplir y hacer cumplir las sentencias como corresponde a todo Ministro de Estado se ha convertido en un ejemplo de subversión. ¿Acaso el Ministro Ugarte cree que el TC solamente había ordenado no distribuir la píldora una por una y que la sentencia sí le permite distribuir gratuitamente todo el lote en una sola operación administrativa?"

"Por supuesto que no lo cree –alerta– sólo es una forma de obstruir la administración de justicia. La donación es también una entrega gratuita".

El considerando 10 de la resolución aclaratoria de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la prohibición de la distribución de la píldora del día siguiente, señala a la letra:

"Que como corresponde a un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, al declararse fundada la demanda todos los poderes públicos están vinculados y deben cumplir con los fallos de este Tribunal. De lo contrario incurrirían en responsabilidad constitucional, afectándose gravemente la gobernabilidad de aquel que constituye el interés de la sociedad".

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