Ministro no cede a presiones y mantiene crítica a "matrimonio" gay y aborto

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha declinado disculparse sobre sus afirmaciones acerca de que el mal llamado matrimonio homosexual "ponía en peligro la supervivencia de la especie" y por haber comparado el aborto con ETA, tal y como le solicitó en la sesión de control al Gobierno en el Congreso la portavoz de Igualdad del PSOE en la Cámara Baja, Carmen Montón.

Así, durante toda la respuesta parlamentaria Fernández Díaz se ha limitado a responder la pregunta recogida en el diario de sesiones, referente a si el ministro con su gestión garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos, y a detallar los artículos de la Constitución española que garantizan estos derechos.

Por su parte, Montón ha preguntado a Fernández Díaz qué es para él el matrimonio natural, ya que el homosexual "pone en peligro la supervivencia de la especie", según él mismo afirmó, y saber qué piensa de las personas que utilizan anticonceptivos, si éstas garantizan o no la supervivencia de la especie.

"También ha comparado aborto con ETA y hoy es su oportunidad para pedir perdón a las mujeres. Después de esto, ¿considera el ministro del Interior que está promoviendo adecuadamente las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales de toda la ciudadanía?", ha insistido la socialista.

En realidad Montón ha aprovechado esta pregunta parlamentaria para formular la pregunta que hasta en dos ocasiones ha vetado el PP en la Mesa del Congreso y le ha obligado a reformularla, sobre la opinión del ministro acerca de estos dos aspectos, con el objetivo de denunciar la "homofobia instalada en el Gobierno", según ha aclarado, y tal y como a su juicio demuestra el hecho de que el PP votara en contra del matrimonio homosexual o presentara por ejemplo un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Por su parte, Fernández Díaz se ha limitado a responder "a lo que se pregunta" y ha relatado que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, recogidos en la Constitución, como el derecho a la reunión y a la manifestación, a la intimidad personal o a la inviolabilidad del domicilio, la libre circulación de ciudadanos, o a su integridad física, por ejemplo.