La jueza Elisabet Castelló imputó al magnate abortista Carlos Morín y a una docena de sus colaboradores por 115 presuntos abortos ilegales practicados en las dos clínicas que posee en Barcelona.

Según informa el diario La Razón, Morín cobró entre tres mil y seis mil euros por cada aborto que practicó hasta el año 2007 sin importar que sus pacientes no cumplieran con los requisitos que establecía la antigua legislación española para el aborto, entonces permitido solo en casos de violación, malformaciones y riesgo de vida de la madre.

Además, hay indicios de que practicó abortos después de las 14 semanas de embarazo, límite establecido por la nueva Ley de Aborto que entró el vigor en julio pasado.

Entre los 115 supuestos abortos ilegales imputados a Morín y su equipo figuran 60 abortos de 22 semanas (cinco meses y medio), siete abortos de 27, 28 o 29 semanas (7 meses), un caso de 30 semanas (siete meses y medio) y otro de 32 semanas (ocho meses) de gestación.

Los abortos que se practicaban en las clínicas de Morín "terminaban con la vida de fetos de hasta 30 y 35 semanas –a las 40 las mujeres salen de cuentas–. En 2005, la clínica Ginemedex, una de las más activas, facturó 1,5 millones de euros", informa el diario.

Morín –de origen peruano– lucró con el negocio del aborto. "Su patrimonio actual, fraguado gracias a terminar con la vida de neonatos, podría calificarse de pequeña fortuna ya que los agentes inmobiliarios tasan su casa en 4,2 millones de euros. A su caserón, con jacuzzi, piscina y un amplio jardín, hay que añadir sus coches de lujo, entre ellos un Ferrari. Las chicas que pasaban por sus manos le pagaban en dinero negro, por lo que las auditorías nunca revelaban la verdadera cuantía que movía el peruano y su esposa".

La jueza ha dado diez días a la acusación particular –integrada por E Cristians, el Colegio de Abogados de Barcelona, el partido Alternativa Española y la asociación Tomás Moro– para presentar sus escritos sobre el caso.

"Se juzgan 115 abortos ilegales y queremos denunciar a los participantes en estos hechos de cuatro delitos. No sabemos si podremos tener preparado toda la documentación", explicó Carlos Pérez Roldán, vicepresidente del Centro Jurídico Tomás Moro.

El abogado negó que se juzgue a las mujeres que se sometieron a los abortos. "Ellas creían que reunían las condiciones para poder interrumpir su gestación, por eso es relevante que la jueza haya decidido no imputarlas y archivar el proceso contra todas ellas", explicó.

El caso Morín salió a la luz en octubre de 2006 luego que una televisora danesa difundiera un reportaje sobre las clínicas de Barcelona y los abortos tardíos. Morín habría practicado abortos a mujeres menores de 13 años, usaba máquinas trituradoras para deshacerse de los fetos, y por ser portador del VIH, practicaba los procedimientos con otro nombre.

A finales de 2007, la Guardia Civil detuvo a Morín, su esposa y otros cuatro colaboradores, pero en marzo de 2008 quedó en libertad provisional.

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