La Oficina de Justicia y Paz y el Departamento de Pastoral Social Cáritas, rechazó el intento del gobierno de Hugo Chávez de criminalizar a todo aquel que se manifiesta públicamente y le recordó que los tratados internacionales y la Constitución venezolana le obligan a respetar los derechos humanos, como la libre expresión, sin discriminación alguna.
“Recordamos al Estado venezolano que de acuerdo a los compromisos derivados del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, está en la obligación de respetar de manera efectiva y tangible todos los derechos humanos de sus habitantes. El Estado en su deber de resguardar el orden público debe actuar con proporcionalidad y ajustado a los principios que están determinados por los derechos fundamentales”, expresaron a través de un comunicado.
En ese sentido, le instaron a actuar de acuerdo a los “estándares de protección de los derechos humanos” garantizados por la Carta Magna, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El texto recordó que no debe existir discriminación alguna, sea por motivo de raza, religión, origen nacional o social, ni por opiniones políticas.
