Entre las peticiones que Not Dead Yet solicita a los parlamentarios, se encuentran: Reconocer que los discapacitados y los enfermos terminales tienen derecho a la misma protección legal que cualquier otra persona; comprometerse a apoyar el acceso de estas personas a la sanidad y a los servicios sociales que necesiten; y oponerse a cualquier cambio en la ley actual para legalizar el suicidio asistido.
Asimismo, frente a la falsa idea de que “ciertas discapacidades hacen que la vida no merezca la pena”, la organización advirtió que “no es este el sentir de la mayoría de los que las sufren. Los casos de discapacitados que quieren morir son la excepción, no la regla, a pesar de que acaparan la atención mediática”.
La “Campaña de Resistencia” contra el suicidio asistido y la eutanasia coincide con la de similares colectivos en otros países. En España, con motivo del suicidio del tetrapléjico Ramón Sampedro en 1998, que se convirtió en bandera del “derecho a morir”, las Asociaciones de Lesionados Medulares y Grandes Minusválidos publicaron un comunicado en el que aclaraban que “la gran mayoría de los discapacitados no sólo no las comparten (las convicciones de Sampedro), sino que muestran una actitud totalmente contraria, ya que su postura es a favor de la vida y de la normalización socio-familiar de nuestro colectivo”.
