Con la nueva Carta, se pusieron en marcha procedimientos uniformes para gestionar las acusaciones de abusos sexuales no sólo del clero, sino también de maestros laicos, empleados de las parroquias, y cualquier otro adulto que tuviese contacto con la juventud en nombre de la Iglesia. En una acción sin precedentes, se comprometieron a proveer un "ambiente seguro" para todos los niños en las actividades patrocinadas por la Iglesia.
Otros componentes importantes incluyeron una política de "tolerancia cero" para abusos sexuales, investigación de antecedentes para todos los empleados de la Iglesia, obligación de informar a las autoridades civiles, retiro inmediato de su ministerio a los acusados, mejoras en la formación en el seminario, y lo más importante, ayuda a las víctimas.
En 2015, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos de América ha informado que 2.4 millones de adultos y 4.4 millones de niños han sido formados para detectar y reportar abusos. Casi todas las diócesis han establecido una oficina para coordinar la formación sobre un ambiente seguro y para proporcionar apoyo a las víctimas de abusos. Cada diócesis informa de todas las denuncias a las autoridades civiles, y trabaja con la ley en casos de conducta sexual impropia. De acuerdo con las cifras dadas a conocer por los obispos de Estados Unidos, la Iglesia ha gastado 2.8 mil millones de dólares para hacer frente al escándalo.
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