Juristas cristianos españoles cuestionan "ley de templos" en Cataluña

La Junta Directiva de la Asociación de Juristas Cristianos de Cataluña emitió este domingo un comunicado solicitando la suspensión de la controvertida "Ley de Centros de Culto" que discute el parlamento catalán, y que abriría las puertas a la persecución religiosa pasiva por parte de las autoridades civiles.

La ley, justificada por la multiplicación incontrolada de mezquitas en la región, supuestamente establecería normas para la construcción y funcionamiento de los templos en Cataluña. Sin embargo, según la Asociación, el texto de la ley "afecta a una materia tan fundamental como es el ejercicio del derecho a establecer lugares de culto o reunión con fines religiosos", protegido por el artículo 16 de la Constitución Española.

"En el actual contexto político y legislativo –dice el comunicado- no puede parecer exagerado el temor de que algunos artículos del proyecto se contemplen como el anuncio o la posibilidad de futuras medidas legislativas, administrativas y políticas que conlleven el cierre de lugares de culto que llevan decenas de años dedicados a este fin".

"Además de una chapuza jurídica más de las que viene produciendo el actual Gobierno catalán –sigue el mensaje-, no es extraño que recaiga sobre el proyecto la sospecha de que nos encontramos frente a un nuevo ataque a los derechos de los ciudadanos, y en este caso, también una vez más, al derecho fundamental a la libertad religiosa, y en particular al derecho que deriva de éste a establecer lugares de culto".

Los Juristas Cristianos señalan que la legislación urbanística actual "es suficiente para regular y controlar estas situaciones, y no es de ningún modo necesario un cuerpo legal nuevo sobre el particular".

Por ello, la Asociación "insta al Gobierno de la Generalitat a retirar el proyecto y a manifestar con toda claridad y de manera rotunda, con actos políticos y administrativos inequívocos, su respeto al derecho fundamental a la libertad religiosa".

"Instamos por último a las entidades públicas y privadas a que manifiesten su oposición frente a este proyecto y exijan al Gobierno de la Generalitat que respete el derecho, que huya de sectarismos de todo tipo, y sirva a todos los ciudadanos de Cataluña por igual, sin discriminaciones de ningún tipo, y con respeto a los derechos del hombre reconocidos por la Constitución Española y por el Estatuto de Cataluña", concluye el documento.