Izquierdistas españoles presentan nueva ley abortista y los verdes quieren legalizar eutanasia

El grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña Verd (IU-ICV) presentó un proyecto de ley ante el Congreso de Diputados para despenalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación, mientras que los verdes propusieron una enmienda para la despenalización de la eutanasia, utilizando para ello el debate público generado por el caso de Inmaculada Echevarría y la reforma del Código Penal.

La portavoz de la plataforma española Hay Alternativas, Gádor Joya, explicó que la propuesta de IU-ICV va a generar más en la península ibérica en donde "el 95 por ciento" de las mujeres que quieren abortar se acogen al supuesto de peligro para la salud física o psíquica de la embarazada, y añadió que están "proliferando las clínicas privadas" en donde se realizan abortos.

En este sentido, aseguró que la administración suele "hacer la vista gorda" en la mayoría de los casos, "con independencia del Gobierno que esté", algo que ha motivado "la falta de control y los problemas" que se han dado en algunas clínicas abortistas.

Joya afirmó que confía en las palabras de la ministra de Sanidad, Elena Salgado, en las que reconoció que el aborto es un problema. Por ello, y aunque sospecha que el PSOE "en el fondo" se muestra a favor de un aborto libre, reclamó que haya más ayudas para las mujeres que quieran seguir adelante con el embarazo.

A favor de la eutanasia

A pocos días de la muerte de Inmaculada Echevarría, el grupo parlamentario de los verdes busca despenalizar esta práctica anti-vida en el país, en complicidad con el PSOE. El diputado de Los Verdes, Francisco Garrido, hizo la propuesta.

En conferencia de prensa, Garrido señaló que "hay algo peor que la pena de muerte y es la obligación de vivir en contra de tu voluntad". En su opinión, el retiro del respirador de Inmaculada Echevarría, la mujer de 51 años que murió por lo que algunos defensores de la vida ya han calificado "como eutanasia pura y dura", es algo que no debe ser "un caso excepcional", sino que "debe aplicarse a todos los que lo deseen".

"El que tenga creencias religiosas que cumpla los preceptos de su religión, pero ya está bien de que la Iglesia siga imponiendo sus normas a la sociedad civil y que un gobierno progresista ceda al chantaje", dijo Garrido y opinó que el caso de la mujer granadina "sienta precedente".