Incluirán ataques a la Iglesia en denuncia penal contra dictadura de Nicaragua

Incluirán ataques a la Iglesia en denuncia penal contra dictadura de Nicaragua
Mons. Rolando Álvarez es vigilado por la policía de Nicaragua el 4 de agosto de 2022. Crédito: Diócesis de Matagalpa

El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) anunció que incluirá en su denuncia contra el régimen de Daniel Ortega, presentada en Argentina, los atropellos de la dictadura sandinista hacia la Iglesia Católica en Nicaragua.

El CALIDH presentó a inicios de noviembre una querella ante el Juzgado Nacional Penal y Correccional número cuatro del Poder Judicial, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina).

El documento fue entregado por el secretario ejecutivo de CALIDH, Danny Ramírez-Ayérdiz, y denuncia por delitos de lesa humanidad a Daniel Ortega, a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y a otros funcionarios por la violenta represión de las protestas de 2018.

En declaraciones al diario nicaragüense La Prensa, Ramírez-Ayérdiz anunció que "vamos a agregar a nuestra denuncia los ataques contra la Iglesia Católica de Nicaragua como crimen de lesa humanidad, de acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma que habla de persecución a un grupo religioso, porque hay una persecución específica".

Esto, explicó, a partir del análisis que se hizo del informe "Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?", de la abogada e investigadora Martha Patricia Molina y que reporta 396 ataques contra la Iglesia Católica entre 2018 y 2022.

Entre los atropellos más saltantes están la detención domiciliaria y próximo juicio contra el Obispo de Matagalpa, Mons. Rolando Álvarez; la expulsión del Nuncio Apostólico, Mons. Waldemar Stanislaw Sommertag; la de las Misioneras de la Caridad; así como el encarcelamiento y exilio de varios sacerdotes.

Más en América

La querella del CALIDH es la segunda presentada en Argentina contra Daniel Ortega, su esposa y funcionarios de la dictadura de Nicaragua.

La primera fue interpuesta por los abogados argentinos Darío Richarte y Diego Pirota, también por los hechos de 2018.

Esto motivó que a inicios de octubre el juez federal Ariel Lijo ordenara enviar un exhorto a la justicia nicaragüense para que informe si hay causas abiertas por delitos de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas o detenciones ilegales.

Sobre esta denuncia, el fiscal Eduardo Taiano explicó que la justicia federal argentina está facultada para investigar esos delitos basada en el artículo 118 de la Constitución, que reconoce el principio de jurisdicción universal.

Asimismo, indicó, están los compromisos internacionales asumidos por Argentina que "establecen el deber de los tribunales internos de investigar en nombre de la comunidad internacional con independencia del lugar donde se hayan suscitado"; esto en referencia al preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

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