El Tribunal Supremo de Justicia decidió esta semana arrebatarle al Obispado de Canarias el derecho a seleccionar la idoneidad de las personas que enseñan religión católica, al fallar a favor de una mujer unida en convivencia fuera de su matrimonio, a quien la Diócesis había considerado incompetente para enseñar religión.
Según la decisión de la justicia, la diócesis tendrá que indemnizar con más de 10 mil euros, a los que hay que sumar "intereses y moras" a la profesora de religión de Las Palmas María del Carmen Galayo.