La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) criticó el nuevo Código del Sistema Penal y pidió su abrogación, pues es "un código hecho a la medida de los intereses del poder y no de los del pueblo".
"Atenta contra derechos humanos y ciudadanos fundamentales, es pretendidamente ambiguo en la formulación con lo que crea inseguridad jurídica y significa un retroceso de los valores democráticos conquistados por la sociedad boliviana", afirmaron en un comunicado.
Por estas razones, pidieron "se tenga la sabiduría de abrogarlo y se inicie un debate amplio, franco y transparente con todos los sectores involucrados, sin caer una vez más en la acostumbrada y fácil acusación de tramas de conspiración y desestabilización contra el Gobierno".