Convocados por la Comisión Episcopal de Pastoral Social a realizar un gesto inédito en los últimos años, los titulares de los partidos políticos de representación nacional firmaron un documento en el que se comprometen a establecer políticas públicas contra el narcotráfico.

Mons. Jorge Lozano, presidente de la Comisión, dio la bienvenida a los presentes e invitó a los referentes políticos a dar lectura al documento, alternando cada uno un párrafo. Al hacer uso de la palabra, la mayoría de los referentes agradeció la preocupación y la convocatoria de la Iglesia a gestar una política de estado más allá de los signos políticos.

El documento firmado por las fuerzas políticas nacionales reconoce lineamientos básicos para la implementación de políticas públicas para detener el crecimiento del consumo de drogas y el narcotráfico y busca "consensuar caminos que permitan desarrollar medidas concretas que permitan enfrentar esta verdadera emergencia social".

"La droga es una forma de esclavitud moderna; con su poder de compra material y de voluntades, los narcos corrompen y matan impune y cruelmente, traficando con la vida y sojuzgando a las personas", puede leerse en el texto.

En el documento se reclamó la reglamentación de la ley de registro de precursores químicos (Ley 26.045), el "fortalecimiento" del rol federal de las fuerzas de seguridad nacional y que se revisen las leyes sobre el lavado de dinero y la incautación de bienes ligados al narcotráfico.

La declaración también advierte sobre la necesidad de "condiciones sociales para el desarrollo personal y familiar", como así también la búsqueda de sentido de la vida "a través de una superación de la marginación y de la exclusión".

"Se deben consolidar redes de cohesión social para evitar que se enquiste en cualquier lugar la trama de la droga y el delito. Las políticas públicas se deben orientar de manera clara a desalentar el consumo de la droga", puede leerse en el texto.

El documento insistió en no criminalizar al adicto, sino más bien acompañarlo en su recuperación. También resaltó la necesidad de trabajar sobre la tolerancia social a las drogas ilegales, que desemboca "inevitablemente" en la baja de la percepción del riesgo y el consecuente crecimiento del consumo. Se llamó la atención especialmente sobre la pasta base de cocaína, conocida como "paco".

Entre los lineamientos, también se notó la necesidad de establecer programas de educación y prevención de las adicciones, especialmente con foco en niños y jóvenes. El documento advierte que la edad de iniciación en el consumo de drogas ilegales "continúa bajando en los últimos años".

Convocados por el presidente de la comisión episcopal, monseñor Jorge Lozano, asistieron al encuentro el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri (Pro); los diputados Sergio Massa (Frente Renovador) y Margarita Stolbizer (GEN-FAP), el exgobernador de Santa Fe Hermes Binner, los senadores Ernesto Sanz (UCR) y Fernando Solanas (Unen), Humberto Tumini (Libres del Sur) y Pablo Javkin (Coalición Cívica-ARI), entre otros representantes del arco no oficialista.

No asistieron representantes del oficialismo, a pesar de que el gobernador bonaerense Daniel Scioli adhirió a la iniciativa, al igual que el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota.

El pasado 7 de noviembre, la Asamblea Plenaria del Episcopado difundió el documento El drama de las drogas y el narcotráfico, en el que alertaba "con dolor y preocupación" el crecimiento del narcotráfico y sus consecuencias sobre la sociedad y observaba la falta de cooperación y reclama políticas de corto, mediano y largo plazo.