Después de que un diario español diera a conocer la existencia de una “hoja de ruta” por la que el Gobierno intentaría “reforzar la aconfesionalidad del Estado”, una serie de críticas se ha hecho sentir en España a pesar de que el Ejecutivo ha negado su existencia.

Según informa la agencia EFE, la Conferencia Episcopal Española ha declarado tener “indicios” de que se quiere implantar una “hoja de ruta” para reforzar la aconfesionalidad del Estado, reconociendo que "algunos de los puntos" de ese plan "parecen ser ciertos".

Efectivamente, el diario el Mundo informó que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, está coordinando un "plan integral" a fin de que España alcance "un estatuto de aconfesionalidad del Estado, de conformar un verdadero estado laico, donde se acaben las innegables ventajas y privilegios de los que, según el ejecutivo socialista, goza la Iglesia católica".

El mismo medio señaló que una primera medida dentro de lo que denomina "una hoja de ruta contra los privilegios de la Iglesia", sería que el próximo año no se prorroguen automáticamente los acuerdos Iglesia-Estado, como venía siendo habitual, porque el Gobierno "quiere adecuarlos a una óptica constitucional".

Sin embargo, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró este viernes que actualmente no existe ningún plan de aconfesionalidad porque "no hace falta", al ser España, según su Constitución, un Estado laico.

Asimismo, tanto De la Vega como el vicepresidente económico, Pedro Solbes, dijeron que no habrá ningún cambio en cuanto a la financiación de la Iglesia Católica.

Malestar generalizado

La presidenta de la Federación de Movimientos de Acción Católica Española, Lourdes Azorín, declaró que considera “injusta y errónea” la actitud del Gobierno frente a la Iglesia.

"Me parece absolutamente correcto que el Gobierno pretenda volver a dialogar los acuerdos con la Santa Sede, pero hablar de ‘innegables ventajas y privilegios’ de la Iglesia Católica en referencia al Estado es un juicio que condiciona todo posible diálogo y una posición de falta de verdad e injusta", explicó.

Por su parte, el vicesecretario general del Partido Popular (PP) y responsable del Grupo Popular español en el Europarlamento, Jaime Mayor Oreja, calificó de "disparate monumental" el proyecto del Gobierno "radical-socialista" de revisar las relaciones entre Estado e Iglesia. Asimismo, subrayó que se está buscando el "enterramiento" de valores de la sociedad española ante la "falta de ideario propio".

Finalmente, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), Luis Carbonel, criticó que el Gobierno esté legislando “en contra de lo que opina la mayoría del pueblo español”.

"Contrasta que el Gobierno pretenda financiar a otras confesiones religiosas como la musulmana y, sin embargo, decida retirar la ayuda económica a la religión mayoritaria en España, la Católica”, declaró Carbonel.

El representante de los padres negó que la Iglesia Católica “esté privilegiada” y explicó que al ser la mayoritaria en España ha sido tratada "como se trata a las mayorías".

"Este Gobierno confunde ser aconfesional con ser laico y de lo que se trata es de ser neutral y respetar a todas las religiones", añadió.