21 de julio de 2010 - 10:54 AM

Gobierno español reclama 100 mil euros a juez que defendió derechos de niña

Redacción ACI Prensa

Fernando Ferrín Calamita
Fernando Ferrín Calamita

El 5 de agosto próximo, el ex juez Fernando Ferrín Calamita deberá pagar al Estado 100 mil euros debido a que fue expulsado de la carrera judicial por negar la adopción de una niña a una pareja de lesbianas.

Ferrín, casado y padre de siete hijos, ejerció como juez en las localidades de Huesca, Béjar (Salamanca) y Chiclana (Cádiz). Desde 1999 era juez de familia en Murcia donde en 2008 el Tribunal Superior de Justicia lo condenó a dos años y tres meses de inhabilitación por negar la polémica adopción.

El juez se limitó a aplicar la legislación protectora del menor y solicitar un informe a un experto sobre las consecuencias que dicha adopción podía acarrear en el desarrollo de la niña.

En diciembre de 2009 el Tribunal Supremo le condenó a 10 años de inhabilitación. Además, le impuso una multa de 720 euros y le obligó a indemnizar con 6.000 euros a la demandante.

Según informa la organización Profesionales por la Ética "el poderoso lobby homosexual español, con el acuerdo o la pasividad de todas las instituciones, decidió castigar a Ferrín de manera ejemplar. Así empezó su calvario: condena por ‘retardo malicioso’ en el trámite de la adopción, presiones y chantajes, hitos de un proceso judicial con numerosos puntos oscuros, sin descartar la posible prevaricación de un magistrado".

"Este proceso ha tenido como fin la expulsión de la carrera judicial de Fernando Ferrín, un juez justo que se ve obligado, tras una trayectoria impecable, a ejercer la docencia y la abogacía. Pero eso no es todo. Ahora Hacienda le reclama 100. 000 euros correspondientes al sueldo cobrado por el juez mientras estaba suspendido provisionalmente. Aunque Ferrín va a recurrir esta reclamación, está obligado a pagar ese importe antes del próximo 5 de agosto", agrega el grupo.

Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, lamenta esta "manifiesta injusticia ya que se aplica una doble vara de medir: al juez Garzón le condonan 75.000 euros que cobró indebidamente del Estado mientras impartía unos cursos en Nueva York (y no ejercía como juez sino que cobraba por los cursos) y a Ferrín le reclaman lo legítimamente percibido conforme al artículo 363.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: el suspenso provisional tendrá derecho a percibir sus retribuciones básicas".

Profesionales por la Ética anima a quien desee ayudar al juez Ferrín a hacer frente a la reclamación de Hacienda realizando una aportación en BARCLAYS BANK S.A.E., cuenta 0065-0036-71-0001089147.

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