Todos los ginecólogos del departamento uruguayo de Salto, el cuarto más poblado del país y limítrofe con Argentina, se negaron a realizar abortos al presentar recursos de objeción de conciencia ante la ley que permite esta práctica a pedido hasta la semana 12 de embarazo. En otras regiones los objetores superan el 90 por ciento.
La nueva legislación permite la "objeción de conciencia" a los médicos y la "objeción de ideario" a las instituciones sanitarias para oponerse al aborto, pero estas últimas están obligadas a dar una solución a las mujeres afiliadas y garantizar que el procedimiento se haga en otro centro de salud.
El secreto sobre la identidad del médico que se niega a participar en la interrupción del embarazo también está protegido por la nueva legislación.