"En el marco jurídico constitucional federal y provincial destruir la vida de un niño hasta las catorce semanas de vida, sin ninguna razón suficientemente gravísima que lo justifique, constituye un atentado inconmensurable a los derechos humanos fundamentales de las personas humanas concebidas", señaló.
Sin embargo, las organizaciones proaborto Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, Católicas por el Derecho a Decidir y Clínica de Litigio de Interés Público exigen que la ley del aborto siga aplicándose en la provincia.
Católicas por el Derecho a Decidir es una organización no reconocida por las autoridades de la Iglesia Católica, que promueve el aborto. En octubre de 2020, el Tribunal de Justicia de Sao Paulo (Brasil) dictaminó que esta ONG abortista no use el término "católico" en su nombre, por considerar que la asociación es incompatible con los valores de la Iglesia Católica.
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