Atrapados en medio de una brutal guerra contra las drogas en Filipinas, los pobladores en riesgo de ser asesinados acuden con mayor frecuencia a los refugios proporcionados por la Iglesia Católica.
Desde el verano pasado, más de 7.000 personas, sospechosas de ser drogadictas o traficantes, fueron asesinadas en el marco de la lucha del gobierno contra el tráfico de drogas. Los ataques a menudo los realizan pistoleros en motocicletas durante las noches.
Organismos de derechos humanos acusan al Presidente Rodrigo Duterte de promover los asesinatos, y han denunciado que su política contra el narcotráfico ha permitido que la policía local participe en extorsiones, secuestros, robos y muertes.