Ex juez federal: Restricciones por COVID-19 tienen cabida, pero la religión es “esencial”

Las directrices de salud pública para limitar la propagación del nuevo coronavirus plantean preguntas importantes sobre la Constitución de los Estados Unidos y la libertad religiosa, y por ello, el profesor de la Facultad de Derecho de Stanford, Michael McConnell, proporcionó orientación sobre estos temas.

"No es asunto del estado decidir que el culto religioso no es importante Es asunto del estado decidir si las formas particulares que podría adoptar el culto religioso pueden ser peligrosas para la salud pública", dijo McConnell en una reunión en línea el 13 de mayo.

"El negocio del gobierno es decidir qué es saludable. Es asunto de la iglesia decidir qué es importante", dijo en resumen.

McConnell, ex juez federal de la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de los Estados Unidos, se unió al Arzobispo de San Francisco, Mons. Salvatore Cordileone, como uno de los principales oradores para una sesión informativa titulada "La Iglesia, el Estado y la Pandemia". El evento fue moderado por Maggie Gallagher, directora ejecutiva del Instituto Benedicto XVI de Música Sagrada y Culto Divino con sede en San Francisco.

El ex juez dijo que los gobiernos estatales y locales tienen una autoridad significativa para limitar las reuniones religiosas en una epidemia, pero deben limitarlas de la misma forma que otras actividades comparables.

"Hemos tenido pandemias antes, pero no cuarentena de esta envergadura. Nunca lo que equivale al cierre de sinagogas, iglesias y mezquitas en todo el espectro", reflexionó McConnell. 

Dijo que si bien hay algunas normas relevantes en el derecho constitucional, "no hay un libro de reglas allá afuera". Estas normas no son "sencillas" sino más bien "un marco para el debate, la argumentación y la toma de decisiones".

"A pesar de nuestra promesa constitucional de libre ejercicio de la religión y el non-establishment, que a veces describimos como la separación de la iglesia y el estado, no existe una separación absoluta. El estado tiene una autoridad reguladora significativa incluso cuando toca las actividades religiosas, y esto es especialmente cierto en tiempos de emergencia como una pandemia", continuó McConnell. 

El precedente principal tiene más de un siglo: la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1905 del caso Jacobson vs. Massachusetts, cuando el estado de Massachusetts exigió que los ciudadanos fueran vacunados durante una epidemia de viruela.

A pesar de las objeciones, incluidas las objeciones religiosas, "la Corte Suprema dictaminó que el estado tenía la autoridad constitucional para ordenar a todos que se vacunen contra la viruela", dijo McConnell. Al mismo tiempo, señaló que esta decisión se alcanzó "mucho antes de la explosión de los litigios de libertades civiles en la Corte Suprema".

El ex juez duda que la Core repita su antigua decisión de la misma manera, dados los estándares actuales. Al mismo tiempo, cada decisión del tribunal de primera instancia sobre las objeciones a los límites del coronavirus en las últimas semanas ha citado este precedente.

Para McConnell, la conclusión es que "cuando se enfrenta a una epidemia que amenaza la sociedad, el estado puede implementar medidas que restrinjan los derechos constitucionales, siempre que las medidas tengan una relación real o sustancial con la crisis de salud pública", y "no sean sin duda alguna, una violación de los derechos garantizados por la ley fundamental".

"La iglesia está sujeta a la autoridad reguladora de salud del estado. No es absoluto, pero es una autoridad muy sustancial", agregó

Al mismo tiempo, la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos proporciona una guía significativa en medio de las medidas ante epidemias. Desde el punto de vista de McConnell y de varios tribunales federales, la Primera Enmienda significa que "el culto religioso es esencial" y es "uno de los derechos constitucionales más altamente protegidos".

"En la medida en que estas órdenes denigren la capacidad de practicar la religión, debido a la suposición de que la religión es 'menos esencial' que, por ejemplo, las ferreterías, creo que es inadmisible, inconstitucional y será castigada por la mayoría de los tribunales. Por otro lado, si el estado está haciendo una evaluación sobre la base del riesgo para la salud pública, entonces creo que es otra historia", indicó.

McConnell explica que el estado tiene el derecho de imponer lo que la Corte Suprema llama "leyes neutrales de aplicabilidad general". Las prohibiciones en grandes reuniones de personas o los requisitos que cumplen solo con ciertos protocolos de seguridad, a menudo tienden a afectar la actividad religiosa y no religiosa por igual.

Sin embargo, surgen cuestiones de doble rasero cuando los gobernadores y otros funcionarios públicos eximen a categorías amplias de otras actividades por ser conceptos "esenciales" o de "mantenimiento de la vida", que McConnell dijo que introducen un elemento de "subjetividad". 

Las órdenes estatales de Kentucky, recientemente anuladas en un tribunal federal, no eximieron a las iglesias del cierre, pero sí permitieron la apertura de establecimientos para el "sustento de la vida", siempre que siguieran el distanciamiento social y otras regulaciones de higiene. Estos establecimientos incluyeron ferreterías, lavanderías, tintorerías, oficinas de abogados y licorerías.

Las iglesias pueden exponer ante los tribunales que se parecen más a estas instituciones que a cualquier otra y, por lo tanto, deben abrir si siguen precauciones similares.

El Arzobispo Cordileone también vio un problema con el gobierno "diciéndole a la Iglesia lo que es esencial", cuando solo la Iglesia tiene esa autoridad. También vio un problema en el gobierno al decidir qué son "esenciales" para las personas, dada la subjetividad del concepto.

"El papel del gobierno es decir qué es seguro y decir que debe cumplir con estas normas de seguridad. Si puede cumplir con estos estándares de seguridad, puede continuar funcionando. Si no puedes, entonces no podrías hacerlo", dijo el arzobispo en la sesión informativa. 

McConnell estaba preocupado de que algunos funcionarios del gobierno tengan un profundo malentendido religioso.

"El verdadero problema aquí, que es bastante inquietante desde un punto de vista constitucional, es que muchos gobernadores han opinado que la actividad religiosa puede estar completamente prohibida porque es esencialmente voluntaria. Se trata como si fueras al cine", dijo McConnell. 

 Si bien los límites a las iglesias no parecían inusualmente onerosos en las primeras semanas de la epidemia, precisamente porque se prohibieron tantas actividades similares, McConnell dijo que esto se convertirá en un problema a medida que los estados eximan gradualmente más y más actividades en un esfuerzo por restaurar la vida social y económica.

La dificultad de mantener límites en las actividades de las personas a largo plazo también mostrará la necesidad de una mejor adaptación de los derechos constitucionales, como el ejercicio religioso, acotó.

Dado que el estado puede decidir la cuestión de si los feligreses reunidos para el culto pueden generar más peligro desde una perspectiva de salud pública que los clientes de una tienda reunidos para comprar bienes, McConnell dijo que aún se mostraría escéptico. Trataría de confirmar que los funcionarios de salud pública hicieron ese juicio y trataría de confirmar que juzgaron correctamente.

"También me gustaría saber por qué estamos generalizando a todas las asambleas religiosas", dijo.

"Hay una gran diferencia entre 1.000 personas reunidas en las bancas juntas, frente a una iglesia que ha delimitado cuidadosamente áreas de 6 por 6 pies en las que una familia puede reunirse allí y no estar cerca de ninguna otra o, por ejemplo, realizar servicios al aire libre en circunstancias apropiadas", agregó.

Cualquier generalización de que todos los servicios religiosos se llevan a cabo de manera peligrosa sugiere una falta significativa de interés en la libertad religiosa, dijo McConnell.

Mons. Cordileone, citando interacciones con líderes gubernamentales, sugirió que los funcionarios públicos "no entienden lo que podemos hacer para mantener a las personas seguras".

"Los líderes de la iglesia necesitan comunicarse con los funcionarios e informarles sobre lo que es posible. Cuando piensan en un servicio de adoración piensan en algo así como una megaiglesia, entre 1.000 y 2.000 personas se apiñan en un área llena de gente. No creen que podamos tener distancia en nuestras iglesias, o que podamos tener servicios al aire libre", dijo el arzobispo.

Mons. Cordileone citó sugerencias del Instituto Tomista de la Casa de Estudios Dominica, que publicó una guía sobre coronavirus e iglesias compuesta por un grupo de trabajo de teólogos, liturgistas y expertos en atención médica.

"Es un documento muy completo y detallado sobre lo que podemos hacer para abrirnos para la Misa", dijo el prelado.

Los obispos de California enviaron una carta al gobernador Gavin Newsom con el documento del Instituto Tomista adjunto. Unos días después, el gobernador "habló positivamente sobre la adoración y la necesidad de la fe, más favorable a las iglesias que se abren para la adoración", dijo Mons. Cordileone.

"Se trata de ayudar a los funcionarios del gobierno a darse cuenta de que este tipo de medidas de seguridad pueden mantener a nuestra gente segura cuando se reúnen para un servicio de adoración", explicó.

Mons. Cordileone y McConnell respondieron algunas preguntas de la audiencia informativa.

CNA preguntó si las iglesias que no siguen las precauciones recomendadas o requeridas podrían enfrentar responsabilidad civil.

"Es una gran pregunta sin respuesta. Una pregunta muy importante, con enormes implicaciones prácticas. Si no hay protección contra la responsabilidad o incluso demandas, que son extremadamente costosas de defender incluso si finalmente prevaleces, la apertura será mucho más lenta en este país", dijo McConnell. "

La pregunta se aplica a empleadores, instituciones, tiendas, universidades y otros. McConnell dijo que podía "fácilmente" imaginarse que los gobiernos suavizarían las órdenes de confinamiento, pero que las instituciones demoraban en abrir "por temor a que si alguien atrapa el virus y se lo puede rastrear, podría caer en bancarrota".

En respuesta a una pregunta sobre el acceso de los capellanes a alguien que muere con el coronavirus, Mons. Cordileone dijo que aún no ha oído hablar de un caso en el que un sacerdote no pudo entrar para ungir a alguien que estaba en el punto de la muerte. Sin embargo, ha habido momentos en que la falta de equipo de protección impidió que los sacerdotes visitaran a alguien en una condición menos grave.

McConnell, citando discusiones informales, dijo, "una serie de jurisdicciones que de otro modo han sido bastante implacables en sus prohibiciones de culto religioso han sido más complacientes con respecto a la visita de los sacerdotes a los enfermos en el hospital".

"No sé si eso es legalmente requerido, pero parece ser tan obviamente humano que espero que sea verdad", dijo.

McConnell comentó que el enfoque actual de los tribunales sobre la libertad religiosa se remonta solo a la década de 1990. Anteriormente, el libre ejercicio de la religión se trataba como un derecho constitucional especialmente protegido que el gobierno solo podía infringir con un interés convincente y de la manera menos restrictiva posible.

Dichas protecciones "requerirían un examen bastante sensible de lo que se prohíbe exactamente y cuáles son las formas alternativas de proteger la salud pública. Eso, creo, sería un régimen más favorable a la religión", agregó McConnell. 

Alrededor de 20 estados y el Congreso de Estados Unidos han promulgado leyes de restauración de la libertad religiosa que restauran el estándar anterior a la ley estatal y federal.

Traducido y adaptado por Diego López Marina. Publicado originalmente en CNA.