Episcopado boliviano rechaza detenciones arbitrarias ordenadas por el Gobierno

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La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), respaldó al Vicario Apostólico de Pando, Mons. Luis Casey, que rechazó las violaciones a las libertades fundamentales cometidas en la madrugada por militares encapuchados que detuvieron a doce personas en el departamento de Pando.

Según informó la prensa, doce personas fueron apresadas en Cobija (Pando), en horas de la madrugada para llevarlas a La Paz, acusadas de la muerte de 15 simpatizantes del Gobierno durante los enfrentamientos del 11 de septiembre del año pasado.

La oposición boliviana criticó las detenciones por haber sido realizadas por militares "encapuchados", en plena madrugada y sin presentar órdenes judiciales. Entre los detenidos hay dos periodistas y autoridades de Porvenir.

Ante estos hechos, la CEB recordó que en Bolivia rige "un estado de derecho y normas legales correspondientes" que asegura "los procedimientos más adecuados en la administración de justicia y nada puede justificar los métodos empleados en estos hechos".

En ese sentido, el Episcopado pidió al Ministerio Público "precautelar la integridad de los detenidos y garantizar la legalidad en las acciones de investigación y esclarecimiento de responsabilidades".

Los obispos recordaron que "la reconciliación y unidad de los pandinos deben ser fruto de un verdadero diálogo y una correcta administración de justicia y no de medidas de imposición y violencia que generan más enfrentamiento".

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El Episcopado expresó su solidaridad "con los familiares de las personas detenidas y auguramos que la paz y tranquilidad retornen finalmente a este departamento".

Por su parte, el Vicario Apostólico de Pando, Mons. Casey, expresó su indignación y protesta por las detenciones y señaló que de acuerdo a los relatos de familiares y medios de comunicación, estas se realizaron con violencia, atropellando las libertades y derechos fundamentales de las personas.

"Las acciones de efectivos militares con el rostro cubierto y fuertemente armados, la hora de los operativos, el allanamiento de domicilios, la violencia física contra los detenidos y sus familias y las agresiones a menores inocentes hacen aún más deplorables dichos actos", expresó.

Mons. Casey recordó que "no rige ningún estado de excepción y que nada puede justificar estos procedimientos".

Por ello, exigió "respetar la integridad física y psicológica de los detenidos" e informar a las familias y a la opinión pública "el lugar y situación en la que se encuentran".

"La Iglesia Católica denuncia estos actos por considerarlos ofensivos para todo ser humano y para Dios mismo. La dignidad humana es sagrada porque las personas somos hijos de Dios, creados a imagen y semejanza suya", señaló.

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