Embarazadas serán consideradas unidad familiar en Galicia

La futura Ley de Apoyo a la Familia y a la Convivencia de Galicia, cuyo borrador se ha presentado este miércoles, considerará a las mujeres embarazadas como unidad familiar de pleno derecho y creará por primera vez en la Comunidad un registro de familias monoparentales.

Así lo explicó la conselleira de Traballo de la Xunta, Beatriz Mato, que presentó ante un centenar de representantes de agentes sociales gallegos el anteproyecto de una ley de "garantizará la protección de los derechos de las familias" como "núcleo esencial de la sociedad" y "actualizará la normativa vigente" para "dar cabida a nuevos tipos de familias".

En este sentido, Beatriz Mato, que aseguró iniciar un "camino ilusionante", indicó que la nueva ley será "transversal" e "integral", así como una "de las más avanzadas del Estado", que "se adaptará al presente de las familias gallegas" y se "adelantará al futuro".

"La familia es el seno donde se inculcan los valores y donde se presta protección a la infancia y a los mayores", explicó Mato, al tiempo que se refirió al "reto de la conciliación de la vida laboral y la familiar" como otro de los puntos que tocará la ley.

Además de una "especial consideración con las familias numerosas", la futura ley creará "por primera vez en Galicia" un registro de familias monoparentales y permitirá además la inscripción a las mujeres como unidad familiar desde el momento de la gestación.

Este elemento, entre otras cuestiones, les permitirá a las mujeres optar a ayudas sin tener que esperar al nacimiento de su hijo, así como ser consideradas como familia numerosa si se trata de su tercer embarazo.

"Apoyo a la vida"

Asimismo, la nueva normativa tendrá presente el "apoyo a la vida" con medidas hacia las mujeres gestantes que "intentarán fomentar que el embarazo llegue a término". "Para ello es necesario ayudar primero a la madre y después también al hijo", explicó Beatriz Mato.

En esta línea, las actuaciones girarán en torno al "fomento del acogimiento familiar y de la adopción" en los casos que sea necesario, así como ayudas y apoyo a mujeres embarazadas en riesgo de exclusión y acciones de inserción laboral de las mismas.

Mayores y niños

Es especial, la ley dedicará títulos específicos a la protección de miembros de especial atención en las familias como los niños, los mayores y los discapacitados o dependientes. Además, la ley fomentará el impulso de la "autonomía e igualdad de derechos para todos los miembros" y trabajará en la conciliación de la vida familiar y la laboral, a la que dedicará un título específico.

Entre otras medidas de conciliación, fomentará la instauración de centros de atención a la infancia en lugares de trabajo, como polígonos industriales, y permitirá a los padres o cuidadores de dependientes y mayores elegir el turno de trabajo más conveniente para sus necesidades familiares.

Además, se promoverán medidas económicas y fiscales de apoyo a las familias y se crearán servicios con la ayuda de las nuevas tecnologías, además de centros de atención a mayores y a dependientes. En la misma línea, se continuará trabajando en los puntos de encuentro familiar.

Los menores contarán con una estrategia preventiva de situaciones de riesgo que "palie su desprotección" y los mayores contarán con herramientas de promoción del bienestar y el ocio.

"Por primera vez en España una ley considerará a las personas mayores como miembros de la familia", explicó Mato, lo que permitirá, si así se da el caso, contar a estos miembros para la declaración como familia numerosa y para la opción a ayudas.

Otros organismos

La ley, que sentará las bases del Plan Gallego de Apoyo a la Familia y a la Natalidad, permitirá la creación del un Consello Galego das Familias, así como de un Observatorio Gallego de la Familia y de la Infancia.

Por otra parte, la normativa, una de las "más novedosas" del Estado, promoverá la colaboración con las entidades locales a través de los Planes Municipales de Familia y Natalidad.

Durante esta semana se facilitará el borrador a las entidades sociales implicadas para que presenten alegaciones que puedan ser incluidas en el texto final del anteproyecto de ley, que será remitido también al Consello Consultivo antes de su trámite parlamentario.