Eligen a abortista como miembro de la Comisión Interamericana de DDHH

La Asamblea General de la OEA aprobó el nombramiento de una prominente abortista boliviana como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de la abogada Julieta Montaño, representante institucional del Comité Latinoamericano y del Caribe de Defensa de las Mujeres (CLADEM) y una de las más férreas promotoras del aborto como derecho.

Montaño fue presentada por el Gobierno de Bolivia por su "una larga trayectoria dedicada a la lucha de los derechos de género, tanto en organismos de su país como en internacionales".

El CLADEM surgió en 1987 en San José de Costa Rica, cuando un conjunto de grupos feministas del continente descubrieron que la mejor manera de empujar la agenda común era estableciendo una red articulada, reuniendo el material, la experiencia y los recursos que cada uno había acumulado.

En 1997, cuando laboraba como vocero de la Oficina Legal para la Mujer de Bolivia, asociada al grupo abortista Católicas por el Derecho a Decidir, Montaño y aseguró textualmente que "el aborto es un derecho humano que debe ser legalizado en los países de América Latina".

Además en el año 2004, Montaño presentó un proyecto de ley sobre "Derechos Sexuales y Reproductivos" que consagraba "el derecho a ejercer una sexualidad placentera, responsable y libremente decidida, sin límites excepto por aquellos señalados expresamente por ley".

Aunque el proyecto de ley desató preocupación y polémica entre la población, fue aprobado por el Parlamento y solo se detuvo cuando el Presidente Carlos Mesa decidió devolverlo al Senado para que sea revisado antes de firmarlo.

Evidentemente contrariada por el retraso de su norma, Montaño lanzó una campaña contra la Iglesia Católica y acusó al Nuncio Apostólico en Bolivia de intervenir en los asuntos del estado.

Montaño acusó a la Iglesia de lanzar una "guerra sucia" contra la salud reproductiva, el aborto y el control natal; y actuar motivada por "el temor de perder el control sobre los cuerpos humanos de las demás personas".

En más de una ocasión, Montaño ha señalado ante la prensa que Bolivia ha ratificado las declaraciones de las Naciones Unidas y Cairo y Pekín, y que por eso "está obligada a ajustar su legislación a las normas internacionales", en temas como el aborto.

Desde su Oficina, se desplegaron varias campañas para promover la legalización del aborto en Bolivia, una medida que aún no ha sido adoptada pero que según varios analistas, podría ser introducida en el régimen de Evo Morales.