Para lograr esos objetivos, el Papa Francisco, por medio de este Motu Proprio, establece que todos los miembros, oficiales y empleados de la Curia, del personal diplomático de la Santa Sede, personal del Estado Vaticano y cualquier persona con mandato administrativo o judicial de la Santa Sede "están obligados a presentar, sin demora, una denuncia al promotor de justicia del tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano siempre que, en el ejercicio de sus funciones, tengan noticia o fundados motivos para pensar que un menor o una persona vulnerable haya sido víctima" de los delitos de abusos en sus diferentes formas.
El Papa establece también que a las víctimas se les ofrecerá "asistencia espiritual, médica y social, incluida asistencia terapéutica y psicológica de urgencia".
Ordena, además, que "la Oficina de Trabajo de la Sede Apostólica organizará, de acuerdo con el Servicio de acompañamiento de la Dirección de Sanidad e Higiene, programas de formación para el personal de la Curia Romana y de las Instituciones vinculadas con la Santa Sede acerca de los riesgos en materia de explotación, de abuso sexual y de maltrato a menores y a personas vulnerables, así como los medios para identificar y prevenir tales ofensas y de la obligación de denuncia".
En el punto 5 del Motu Proprio se determina que "en la selección y en la contratación del personal de la Curia Romana y de las Instituciones vinculadas a la Santa Sede, incluidas aquellas que prestan colaboración de forma voluntaria, debe comprobarse la idoneidad del candidato a la hora de interactuar con menores y con personas vulnerables".