El Papa blinda la independencia del poder judicial en el Vaticano

El Papa Francisco promulgó este lunes 16 de marzo una Ley sobre el sistema judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano que blinda la independencia del sistema judicial vaticano.

La promulgación de esta Ley, que actualiza la del 21 de noviembre de 1987 modificada el 24 de junio de 2008, se enmarca dentro del proceso de reforma legal del sistema económico-financiero y penal en consonancia con la adhesión del Vaticano a diferentes convenios internacionales.

La Ley prevé, según un comunicado difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, "garantizar mejor la independencia de los órganos judiciales y de los magistrados que dependen únicamente del Sumo Pontífice que los nombra y están sujetos a la ley, ejerciendo sus funciones con imparcialidad y disponiendo directamente de la policía judicial".

La nueva Ley "exige requisitos específicos para el nombramiento de los magistrados que se eligen entre profesores universitarios y, en todo caso, entre juristas de clara reputación, con experiencia probada, judicial o forense, en materia civil, penal o administrativa".

Además, "prevé una simplificación del sistema judicial y, al mismo tiempo, un refuerzo del personal del Tribunal, que se incrementa en una unidad, previendo además un régimen de dedicación exclusiva y a tiempo completo para al menos uno de los jueces".

Asimismo, establece "un jefe autónomo para la Oficina del Promotor de Justicia, distinto de aquel del Tribunal".

También "prevé un jefe autónomo para la Oficina del Promotor de Justicia, distinto de aquel del Tribunal".

En cualquier caso, la Ley "preserva y garantiza la especificidad del derecho vaticano, que reconoce en el ordenamiento canónico la primera fuente normativa y el primer criterio de referencia para la interpretación".

En la Ley se especifica que "el poder judicial en el Estado de la Ciudad del Vaticano lo ejercen en nombre del Sumo Pontífice el tribunal, la corte de apelación y la corte de casación".

También se señala que "los magistrados dependen jerárquicamente del Sumo Pontífice", y que "en el ejercicio de sus funciones están sujetos únicamente a la ley".

Asimismo, "los magistrados ejercen sus poderes con imparcialidad, sobre la base y en los límites de las competencias establecidas por la ley".

"Los órganos judiciales gozan de autonomía de gasto para su funcionamiento, sobre la base y en los límites de las disposiciones contables vigentes en el Estado".

La Ley subraya que durante el tiempo en que dure su cargo, los magistrados ordinarios serán ciudadanos vaticanos.

Lea la ley completa en italiano AQUÍ.