El Gobierno español espera aprobar la nueva ley del aborto antes de fin de año

Por Nicolás de Cárdenas

29 de agosto de 2022

Ago 29, 2022

La ministra de Igualdad de España, Irene Montero espera que la modificación para liberalizar aún más el aborto y la llamada Ley Trans sean "una realidad a finales de año" y anuncia campañas para promocionar "nuevas masculinidades". 

Según ha detallado la ministra comunista en una entrevista a Radio Cable, el Consejo de Ministros que se celebrará este martes va a aprobar el anteproyecto de ley de modificación de la ley del aborto que será objeto de debate parlamentario en los próximos meses.

La nueva ley del aborto modifica en parte la existente desde 2010 y que modificó ligeramente el Gobierno del Partido Popular pese a prometer en campaña una modificación sustancial "para reforzar la protección del derecho a la vida" y obtener mayoría absoluta. 

Así, la nueva norma eliminará la previsión de que las menores informen a sus padres sobre la posibilidad de someterse a un aborto, sólo permitirá ofrecer información de apoyo a la maternidad en caso de que lo solicite la madre (ahora es obligatorio) y acaba además con el plazo de reflexión de tres días establecido hasta el momento. 

Además, según adelantó el diario ABC, el rastro clínico de la intervención que acaba con la vida prenatal del hijo será borrado a los cinco años de la historia clínica de la madre. 

Por otro lado, la nueva ley pretende cercenar el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y obligar a los hospitales públicos a realizar abortos en todo caso. Así, los médicos podrían enfrentarse a multas e inhabilitación si no se declaran objetores por escrito. 

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Además se establece una nueva doctrina sobre la "salud menstrual", que incluye la declaración de incapacidad laboral temporal en caso de determinados dolores menstruales.

Historia del aborto en España

Desde 1985 hasta 2010 rigió una ley despenalizadora en tres supuestos, que en la práctica se convirtió en una ley de aborto libre, a través de la condición de "peligro físico o psicológico" para la madre. 

La Ley 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo establece el aborto libre a petición de la mujer durante las 14 primeras semanas de vida prenatal. 

Los únicos requisitos son que se haya informado de las prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad y que haya transcurrido el plazo de "al menos tres días" desde que se recibe esta información y la realización del aborto. 

Además, se permite el aborto hasta las 22 semanas de vida prenatal del hijo "siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada" y lo dictamine un médico distinto del que ejecuta el aborto, salvo "en caso de urgencia por riesgo vital para la gestante".

El mismo plazo se aplica "siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto" dictaminado por dos médicos diferentes del que dirija o practique el aborto. 

Igualmente, se puede acabar con la vida del bebé sin plazo establecido, por tanto hasta el momento antes del parto, cuando "se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida" que deben ser certificadas por un médico ajeno a la intervención. 

Por último, esto es de aplicación también "cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico" y así sea certificado por un comité clínico formado por "dos médicos especialistas en ginecología y obstetricia o expertos en diagnóstico prenatal y un pediatra". 

Pocos meses después de la aprobación de esta ley, el Partido Popular, entonces en la oposición, se alzó en 2011 con la más amplia mayoría absoluta de la democracia en España. Durante su campaña, se comprometió a derogar la ley de aborto del Partido Socialista. 

En su programa electoral, la promesa quedó registrada así: "La maternidad debe estar protegida y apoyada. Promoveremos una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentren en situación de dificultad. Impulsaremos redes de apoyo a la maternidad. Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores". 

Sin embargo, no fue hasta 2015, poco antes de terminar su mandato, cuando el Partido Popular se decidió a legislar sobre esta materia. Contrariamente a lo prometido, sólo aumentó ligeramente la protección de las niñas menores de edad, al requerir el consentimiento paterno. 

Desde la aprobación de la primera ley despenalizadora en 1985, el Estado reconoce más de 2,5 millones de personas abortadas. 

Dado que la inmensa mayoría de los abortos se producen en establecimientos privados, y aplicando una media de 500 dólares de coste, el negocio del aborto en España ascendería a una facturación acumulada de más de mil trescientos millones de dólares en algo menos de 40 años.