16 de mayo de 2013

May 16, 2013

El diario español La Razón denunció este 14 de mayo que la clínica Dator realiza abortos fuera del plazo legal -prácticas que también serían hechas en otros abortorios- e incluso solicita pagos de 1.100 euros por estas prácticas "de urgencia".

Desde el 2010 en España el aborto fue despenalizado hasta la semana 14 de gestación bajo cualquier pretexto. Solo puede realizarse hasta la semana 22 cuando está en riesgo la salud de la madre y en adelante solo se permite el aborto cuando el feto presenta alguna malformación.

"Pero en la clínica madrileña no hay límite", denunció el diario, que expuso el caso de Vanesa, una joven que en noviembre de 2012 llegó a Madrid desde Zamora, donde le negaron el aborto porque "estaba de mucho tiempo", tal como relató su amiga Ana Belén, quien afirmó que el bebé "estaba perfecto" y cuyo testimonio ha servido para la denuncia que el sindicato Manos Limpias ha interpuesto contra Dator.

Según relató Ana Belén, la joven también había ido a Salamanca y Valladolid. Fue en esta ciudad donde le dijeron que fuera a Madrid, donde llegó con 20 semanas de embarazo. Tal como revela La Razón, en Dator "le dieron cita para el día siguiente".

"Incumplieron, por tanto, el margen de tres días que, según la norma de la Comunidad de Madrid, deben transcurrir desde que visita por primera la clínica y le dan el sobre con toda su documentación, hasta que se le interrumpe el embarazo, para que la mujer pueda reflexionar y determinar si quiere seguir adelante con el proceso", denunció el diario.

Ana Belén contó que en Salamanca rechazaron practicarle el aborto por aspiración, pues "tardaban tres días y tenían que ponerle un gel para que dilatara y pudiesen realizarle una aspiración". Sin embargo, señaló La Razón, "en la Dator le hacen el 'pack completo' en 24 horas. Es más, la propia psicóloga del centro, 'al verla dudar, le ha dicho que está de una semana más y la ha metido a abortar'. Este tipo de procesos no los cubre la Seguridad Social y 'ha pagado 1.100 euros' para que se lo hiciesen de urgencia".

En su testimonio, Ana Belén asegura que no apoya el aborto. "Si a mi amiga la hubieran dejado, nos hubiéramos ido a casa y no lo habría hecho".

La Razón relató que "casi al final de la conversación, los que presencian el testimonio de la joven llaman a la Policía. Lo que les está relatando la mujer, si es así, es un delito, ya que la situación de Vanesa no se ajusta a ninguno de los supuestos contemplados por la norma de 2010: ni el feto sufre graves anomalías, ni la salud psíquica de la mujer está en peligro. Por tanto es ilegal. Sin embargo, desde el 091 no responden a sus tres llamadas. No acude ningún agente a la clínica a investigar si es cierto que se está perpetrando un delito".

El diario advirtió que "ésta es sólo una más de las posibles irregularidades que se están cometiendo en algunos centros abortistas", donde realizan estas prácticas fuera de plazo, "como ya demostró La Razón con certificados psiquiátricos muy similares entre ellos", pues de acuerdo con las cifras oficiales, el 98 por ciento de las mujeres que ponen fin a la vida de su hijo se acogen a este supuesto.