Desmienten estudios usados para afianzar agenda abortista 2006 en España

La Asociación de Víctimas del Aborto (AVA), envió una respuesta al documento “El aborto en la legislación española: una reforma necesaria” de la catedrática en Derecho Penal, Patricia Laurenzo Copello, publicado por la Fundación Alternativas y con el cual se pretende justificar la necesidad de la legalización del aborto en España.

AVA contradijo las consideraciones presentadas por la Fundación Alternativas, explicando que el incremento del número de abortos en España no se debe al sistema penal sino a “la falta de cumplimiento del derecho de toda mujer embarazada de forma inesperada a tener alternativas previas a un aborto y a conocer toda la información de riesgos, secuelas y del método de realización del mismo”.

En el documento de los abortistas se expone que la “interrupción voluntaria del embarazo se encuentra en un precario estado de provisionalidad”, porque luego de diez años, sigue vigente la Ley Orgánica que aprobó el Código Penal de 1995 –en renuncia a la despenalización del nuevo cuerpo legal– y que apela a la necesidad de elaborar una ley especial que contemple la viabilidad del aborto en ciertos casos.

A las consideraciones presentadas por Laurenzo, la secretaria de AVA, Victoria Uroz, explicó a Europa Press que este informe olvida que el aborto “se realiza en España bajo una enorme presión social y falta de libertad real de la mujer”, dejando de lado que “la mujer que aborta es víctima de violencia y de ignorancia porque no se le informa nunca que el aborto daña irreversiblemente de modo psicológico, y muchas veces físico, a toda mujer que aborta, además de eliminar la vida de su hijo”.

Uroz declaró que las leyes que legalizan o regulan el aborto “no tienen por qué adaptarse a intereses económicos o partidistas” sino que deben “proteger a la mujer” ante el problema de que muchas de éstas tienen un asesoramiento que está “mediatizado” dependiente de la misma industria del aborto y, en muchos casos, son los profesionales vinculados a centros abortistas “los que firman los dictámenes psiquiátricos en el 97 por ciento de los casos de aborto”.

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