La Asociación de Víctimas del Aborto (AVA), denunció que el Gobierno español incumplió con lo establecido en la actual legislación sobre el aborto provocado, debido a que el sistema de salud no da posibilidades a las mujeres que optan por tener a su hijo.
La legislación sostiene que “los profesionales sanitarios tendrán que informar a las solicitantes (de interrupciones voluntarias del embarazo) de la existencia de medidas de asistencia social y de orientación familiar que pueda ayudarles”.
Sin embargo, la presidenta de AVA, Carmina García-Valdés, advierte que ante al embarazo, la única alternativa propuesta por el Ministerio de Sanidad es el aborto. Además, en Madrid existe “un silencio mediático e institucional casi total” a la labor desempeñada por asociaciones civiles que facilitan el derecho de las mujeres a otras alternativas al aborto provocado.
