El catedrático de Derecho de la Universidad Complutense, Rafael Navarro-Valls, cuestionó la oposición del Gobierno a que los funcionarios ejerzan su derecho a la objeción de conciencia ante el “matrimonio” homosexual y aseguró que éste es un “derecho constitucional” que los jueces podrían plantear también para la adopción de menores.
Navarro-Valls aseguró al periódico La Razón que la objeción de conciencia no es una “ilegalidad más o menos consentida”, sino un derecho fundamental que goza de una presunción de legitimidad jurídica.
Según el especialista, autor del libro “Las objeciones de conciencia en el Derecho Comparado y en el Derecho español”, “la objeción de conciencia a los matrimonios entre personas del mismo sexo tiene todas las características que exige la jurisprudencia internacional”.